Miguel Raúl Hernández Rojas
(X: @Rauuxll).
“No vean TV Azteca”, pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde la conferencia matutina del lunes 25 de mayo, después de acusar a la televisora de mentir y aludir a Salinas Pliego. La frase pareció una más dentro de la disputa diaria entre el gobierno y sus críticos.
Sin embargo, algunas expresiones adquieren gravedad por la autoridad que las pronuncia y por el país que las recibe. En México, nuestro país, hablar de prensa nunca ocurre en abstracto. Cada frase del poder cae sobre un país atravesado por la violencia y, para efectos de esta discusión, por una violencia persistente contra quienes informan.
Ahora bien, es importante matizar que la presidenta no clausuró una señal ni retiró una concesión. TV Azteca continúa al aire y la crítica contra el gobierno sigue circulando. Por eso, llamar censura directa a cualquier choque entre gobierno y medios puede volver impreciso un tema que nuestro país necesita tratar con responsabilidad.
No obstante, el problema empieza cuando el poder convierte una respuesta política en llamado público. Cualquiera de nosotros puede decidir qué medio consume; la presidenta, en cambio, habla desde una investidura que amplifica sus palabras y les da una fuerza institucional distinta. Cuando la presidenta dice “no vean”, la frase abandona el terreno de la preferencia individual y coloca a un medio en el campo del rechazo público.
Desde luego, ningún medio merece inmunidad. Una televisora puede mentir o cubrir la realidad desde los intereses de su dueño. El gobierno tiene derecho a responder con datos y a exhibir aquello que considere falso. Esa posibilidad también pertenece a una democracia: medios sujetos a crítica y autoridades capaces de defender su versión de los hechos. Sin embargo, esa defensa cruza un límite cuando la autoridad convierte su respuesta en un llamado a abandonar una voz incómoda.
En este sentido, la organización internacional de derechos humanos, ARTICLE 19, documentó que, durante 2025, siete periodistas fueron asesinados en posible relación con su labor informativa, una persona periodista desapareció y la organización registró 451 agresiones contra la prensa en México. En promedio, una persona periodista o un medio recibió una agresión cada 20 horas.
Desde esta realidad debe leerse la crítica a la presidenta, porque el punto no es defender a TV Azteca como empresa ni a Salinas Pliego como empresario en particular. El punto es defender una frontera democrática: ningún gobierno debería sugerir qué voces merecen audiencia y cuáles pueden quedar fuera de la conversación pública.
Así, ante la controversia que provocó la frase, la presidenta sostuvo al día siguiente que solo había expresado una opinión. La explicación, sin embargo, no elimina la dimensión institucional de sus palabras: una opinión dicha desde la Presidencia nunca circula como una opinión cualquiera. El matiz importa, pero no cierra el debate. También cuenta quién habla, desde dónde habla y, sobre todo, en qué país lo hace.
Bajo esa lógica, desde el derecho, la libertad de expresión vive en la Constitución y en los tratados. Pero su sentido no termina en el texto normativo. Un derecho también existe en la posibilidad real de ejercerlo sin miedo. Cuando el discurso oficial coloca a ciertos medios en el lugar del contrario, el desacuerdo puede convertirse en permiso social para hostigar.
Por ello, conviene apartar la mirada del pleito entre Palacio Nacional y una televisora. Detrás de los derechos hay personas concretas. También hay nombres alcanzados por la incapacidad del derecho para volverse protección efectiva y por un aparato institucional que, tan solo en 2025, no logró proteger a Miguel Ángel Beltrán Martínez, Ronald Paz Pedro, Ángel Sevilla, José Carlos González Herrera, Raúl Irán Villarreal Belmont, Kristian Uriel Martínez Zavala y Calletano de Jesús Guerrero.
En cosecuencia, antes de pedirle a un país que deje de ver, la Presidencia tendría que recordar a quienes perdieron la vida por informar. Palabras así transforman ocurrencias en instrucciones; demandan especial responsabilidad, porque antes de convertir una molestia política en consigna, el gobierno tendría que mirar el tamaño de su voz y el país donde esa voz cae. Así, la democracia exige una respuesta más alta que la molestia presidencial. El gobierno puede corregir con datos y defenderse frente a una cobertura que considera falsa. Lo que no puede hacer es convertir su desacuerdo en una invitación a borrar voces de la conversación pública. En México, donde demasiados periodistas ya perdieron la vida por informar, el llamado del poder no puede ser “no vean”. Porque un país que acepta dejar de ver a su prensa termina por no escuchar sus preguntas; y un país que deja de escuchar demasiado pronto aprende a no recordar.
