- Preocupa al Ombudsman los cambios anunciados al Calendario Escolar 2025-2026 y pide atener los derechos humanos y el bienestar de la infancia.
Ciudad de México 09/05/2026
Redacción el Independiente
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) a revisar las modificaciones realizadas al Calendario Escolar 2025-2026, al considerar que las decisiones relacionadas con la conclusión anticipada del ciclo lectivo deben priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como las condiciones sociales y laborales de las familias mexicanas.
Mediante un pronunciamiento oficial emitido tras la publicación del Boletín 161 de la SEP, la CNDH manifestó su preocupación por los cambios anunciados bajo el argumento de las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol 2026, particularmente porque el ciclo escolar concluirá el próximo 5 de junio y el nuevo periodo educativo 2026-2027 iniciará hasta el 31 de agosto en las escuelas públicas y privadas de educación básica del país.
La decisión fue aprobada de manera colegiada durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del CONAEDU, celebrada el pasado 7 de mayo, luego de que diez entidades federativas expusieran diversas necesidades derivadas de las condiciones climáticas, además de una solicitud presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Sin embargo, la CNDH advirtió que las modificaciones al calendario escolar no deben analizarse únicamente desde la coyuntura de eventos climáticos o deportivos, sino desde una visión integral que coloque en el centro los derechos humanos y el bienestar de la infancia.
El organismo nacional defensor de los derechos humanos subrayó que el artículo 3º Constitucional establece el principio del interés superior de la niñez como eje rector de las políticas educativas, por lo que toda determinación relacionada con el sistema escolar debe considerar también el contexto laboral y familiar de quienes tienen bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, recordó que todas las autoridades del país están obligadas a garantizar políticas públicas con enfoque integral, transversal y con perspectiva de género y derechos humanos, evitando que decisiones administrativas generen afectaciones indirectas en la educación, el cuidado y la protección de los menores. Especialistas en pedagogía y educación han señalado que cualquier ajuste al calendario escolar debe ir acompañado de estrategias académicas y sociales que permitan garantizar la continuidad educativa y evitar rezagos en el aprendizaje, particularmente en sectores vulnerables donde la escuela también representa un espacio de acompañamiento y protección social.
