- También acusa al senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa
- En un comunicado el fiscal Jay Clayton aclara que “los cargos son meras acusaciones” y que “se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad”.
Nueva York, E.U. 29/04/2026
Redacción de El Independiente del Sureste
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una denuncia formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, por los delitos de tráfico de drogas y conexos con armas ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
El fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Walter Joseph «Jay» Clayton III, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron esta tarde la denuncia formal contra “funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, por haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, y el caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
La “acusación está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía. Los fiscales federales adjuntos Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles están a cargo del caso”.
Aclararon también que “los cargos que figuran en la acusación formal son meras acusaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad”.
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó también cargos contra el comandante de la Policía Estatal Preventiva, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; el comisario General de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés; el comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”; del subprocurador de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra; el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; los exsecretarios de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, Enrique Díaz Vega; de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez; y del excomisario General de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”.
Jay Clayton y Terrance Cole dieron a conocer en un comunicado, que “los acusados en esta acusación formal son funcionarios gubernamentales o policiales, actuales y anteriores, de Sinaloa. Según la acusación, cada uno de ellos participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos”.
Sostienen que todos ellos “desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del Cártel; ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos; y permitieron que miembros del Cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias. A cambio, los acusados recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico”.
El fiscal federal declaró que “el Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”.
Añadió: “Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”.
Sentenció que el apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. “Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.
Por su parte Terrance Cole aseguró que “el Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”.
Sostuvo que “esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país”.
Cole advirtió que “nadie está por encima de la ley” y agradeció a los socios estadounidenses y mexicanos “que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”.
Según las alegaciones contenidas en la acusación formal, otros documentos judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales, “para proteger y expandir este imperio del narcotráfico, el Cártel presuntamente se ha aliado con políticos y funcionarios policiales corruptos, incluidos los acusados, quienes han abusado de su autoridad en apoyo del Cártel, expuesto a las víctimas a amenazas y violencia, y vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos. De hecho, ciertos agentes de policía en México, incluidos, según las acusaciones, algunos de los acusados, han participado directamente en la violencia y las represalias del Cártel, incluyendo el asesinato de enemigos del Cártel y el secuestro de personas en México sospechosas de cooperar con las autoridades estadounidenses en esta investigación”.
Afirmaron que “los acusados han estado estrechamente vinculados a la facción del Cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, conocidos colectivamente como los “Chapitos”.
Señalaron uno por uno la relación que tenían con los “Chapitos”. En el caso del gobernador Rubén Rocha Moya, no solo lo apoyaron a ganar la elección en Sinaloa, también “secuestrando e intimidaron a sus rivales” a cambio de protección, “permitirles distribuir grandes cantidades de drogas a Estados Unidos, que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa”. Acusaron al subprocurador de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra de haber “recibido aproximadamente 11.000 dólares estadounidenses mensuales de los Chapitos y, a cambio, ha protegido a miembros de la organización de ser arrestados y les ha informado sobre operaciones policiales planeadas con el apoyo de Estados Unidos”.
