Santiago Chablé Velázquez
2026 es un año que está empezando con fuerza. La noticia que sacudió al mundo fue la captura de Nicolás Maduro en la madrugada del 03 de enero. Un día que, definitivamente, pasará a la historia.
Hemos conocido los hechos poco a poco. Fuerzas estadounidenses realizaron un ataque militar a instalaciones estratégicas de Caracas y sus alrededores. Lo anterior, con el objetivo de capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, así como a su esposa, Cilia Flores.
Conforme avanzó el sábado, supimos que el líder y la lideresa venezolanos sí fueron traslados desde la capital del país sudamericano hasta Estados Unidos. Hubo múltiples reacciones, no solamente en Venezuela, sino en la comunidad internacional. Tanto muestras de respaldo al presidente Trump, de apoyo a Nicolás Maduro, así como condenas al régimen venezolano y al ataque estadounidense.
El intercambio de ideas es considerable. No solamente en redes sociales, sino en los cafés, en las comidas familiares, en las mesas de análisis. Hasta en las iglesias se habla de este tema que tantas reflexiones nos está llevando a tener.
Creo importante mencionar que no existe una verdad absoluta sobre lo que sucede en Venezuela. Cada persona tiene su postura y cada una de éstas es válida en tanto representan el uso de la libertad de expresión que poseemos. Dicho lo anterior, solo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones.
Parece existir cierta coincidencia en la necesidad de repensar la cooperación internacional. Esto no es nuevo, pero se remarca más.
La guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza nos llevan a cuestionar la utilidad de los organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas.
Lo mismo ocurre con la Organización de los Estados Americanos que, tras la crisis en Venezuela ocurrida por las cuestionadas elecciones de 2024 y la permanencia de Maduro en el poder pese a las acusaciones de fraude electoral que deslegitiman su actual mandato, llevó a discutir para qué sirve la cooperación internacional en casos de regímenes acusados de violaciones sistemáticas a derechos humanos o que se apropian de los mecanismos electorales para perpetuarse en el poder.
Pero estas críticas traen un tema subyacente: ¿quién debe decidir qué gobierno es legítimo?
Precisamente la existencia del derecho internacional y de los mecanismos multilaterales se idearon para que no imperara la ley del más fuerte. Para garantizar el respeto entre los Estados y sus gobiernos, y para canalizar los conflictos a través de reglas pactadas. El dilema que nos plantea esta cuestión es profundo. Cuando los mecanismos fallan y las instituciones internacionales son incapaces de actuar con eficacia, ¿se justifica que un Estado decida unilateralmente quién gobierna en otro país?
La captura de Maduro y las constantes amenazas de Donald Trump abren esa discusión. Para algunos, estamos ante el fin de un régimen autoritario que anuló libertades, persiguió opositores, cooptó las instituciones y cerró las vías democráticas. Para otras personas, es una violación flagrante a la soberanía de Venezuela. Una muestra del intervencionismo, propio de la agenda estadounidense que establece un peligroso precedente en las relaciones internacionales.
No son posturas excluyentes. Cada una tiene sus riesgos. Si aceptamos que un país puede intervenir militarmente para remover un gobierno por considerarlo ilegítimo, la pregunta inevitable, como ya se planteó, es ¿quién traza esa línea y con base en qué? Pero, además, ¿qué distingue una acción en defensa de los derechos humanos de una imposición política?
Otra pregunta que debemos hacernos, visto el panorama: ¿Venezuela es un país libre hoy en día? Porque la detención de Nicolás Maduro no garantiza, por sí misma, la reconstrucción democrática que tanto se pide. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la cúpula gubernamental sigue indemne.
La libertad no se concreta con la captura de un líder al que se acusa de dictador. La ausencia de una figura no se traduce en el reencauzamiento de la democracia. La libertad se construye con instituciones sólidas, elecciones auténticas, división de poderes, respeto a los derechos humanos y participación ciudadana real y efectiva.
Si tras esto, el pueblo venezolano no recupera la capacidad de decidir su rumbo mediante procesos democráticos propios, si la ciudadanía no es el centro de la llamada “transición”, entonces el riesgo es haber sustituido a Nicolás Maduro por Delcy Rodríguez (la vicepresidenta que ejerce la presidencia interina). Cambiar un liderazgo sin fortalecer las reglas del juego puede dejar intactas las causas que llevaron al colapso social e institucional.
Lo anterior también nos obliga a mirarnos como comunidad internacional. A cuestionarnos si los organismos multilaterales siguen siendo útiles o se requiere un replanteamiento profundo. Hay que ser conscientes además del delicado equilibrio entre la soberanía, el respeto a los derechos humanos y el orden internacional.
Como humanidad, estamos ante un momento decisivo. Venezuela atraviesa una etapa histórica. Determinante. Estamos lejos del final. Lo que me queda claro es que la libertad y la democracia no pueden imponerse desde Washington D.C., para alcanzarlas se necesita la participación de la sociedad venezolana. De lo contrario, seguiremos preguntándonos: Venezuela… ¿libre?
