El 04 de abril acaban su encargo las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel, así como el consejero Jaime Rivera.

Durante 9 años fueron parte importante de decisiones que son base de nuestro sistema político-electoral, como la paridad en gubernaturas, la confección de acciones afirmativas que fortalecieron la participación de sectores de la población históricamente discriminados, las reglas de la elección judicial, entre otros casos.

El desempeño de las consejerías mencionadas no estuvo exento de críticas. Un árbitro independiente es consciente de que su voto en uno u otro sentido puede acarrear la insatisfacción de diversos sectores de la sociedad o de la élite política.

Las consejeras y el consejero asumieron ese riesgo a lo largo de estos años de manera ejemplar. Su labor en la denominada herradura de la democracia merece un reconocimiento, incluso por parte de quienes no acompañaron su trabajo porque, no puede negarse, fue uno técnico y apegado al marco constitucional y legal.

Ahora, empieza el relevo. La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputaciones publicó la convocatoria para seleccionar a las tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE).

Del 23 al 27 de marzo estará habilitado el micrositio para la inscripción correspondiente. Quienes se registren serán valorados por parte del Comité Técnico de Evaluación, el cual deberá instalarse a más tardar el mismo 27 de marzo.

Debido a la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, en esta ocasión el mencionado Comité será integrado por cinco personas. Tres designadas por la Cámara y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Serán ellas las encargadas de remitir la lista de aspirantes a la JUCOPO una vez hecha la evaluación, misma que incluye la revisión curricular de los aspirantes, la aplicación de un examen y entrevistas.

Hecho lo anterior, será el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados la que mande las propuestas a la Mesa Directiva para que el Pleno elija, a más tardar el 22 de abril, a las nuevas consejerías del INE.

Si no se logran los consensos, la insaculación deberá hacerse el 28 de abril. En caso de que tampoco suceda eso, será el Pleno de la Suprema Corte el que lo haga a partir del 29 de abril.

Esa será la ruta que seguirá la renovación de las personas integrantes del máximo órgano de dirección del árbitro electoral. Tenemos la forma, pero el fondo es importante.

Quienes se inscriban deben hacerlo con el compromiso de que requerimos una autoridad imparcial, que continúe con el trabajo técnico que ha caracterizado a la función electoral.

Tal compromiso no solamente aplica a las personas aspirantes sino también a quienes formarán parte del Comité de Evaluación y a las diputadas y diputados.

La transición pacífica del poder en México y la satisfacción con nuestra democracia empiezan con la selección de perfiles idóneos. Serán las nuevas consejerías quienes tendrán a su cargo, junto con el resto de los y las integrantes del Consejo General, la organización de las elecciones de 2027, la verificación de requisitos para el registro de nuevos partidos políticos, la elección judicial y la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum. Debemos seguir de cerca este procedimiento. No como espectadores, sino como parte activa de una ciudadanía que exige árbitros imparciales, técnicos y comprometidos. Porque de esa decisión depende, en buena medida, la confianza pública en la democracia que queremos sostener.

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2026 es un año que está empezando con fuerza. La noticia que sacudió al mundo fue la captura de Nicolás Maduro en la madrugada del 03 de enero. Un día que, definitivamente, pasará a la historia.

Hemos conocido los hechos poco a poco. Fuerzas estadounidenses realizaron un ataque militar a instalaciones estratégicas de Caracas y sus alrededores. Lo anterior, con el objetivo de capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, así como a su esposa, Cilia Flores.

Conforme avanzó el sábado, supimos que el líder y la lideresa venezolanos sí fueron traslados desde la capital del país sudamericano hasta Estados Unidos. Hubo múltiples reacciones, no solamente en Venezuela, sino en la comunidad internacional. Tanto muestras de respaldo al presidente Trump, de apoyo a Nicolás Maduro, así como condenas al régimen venezolano y al ataque estadounidense.

El intercambio de ideas es considerable. No solamente en redes sociales, sino en los cafés, en las comidas familiares, en las mesas de análisis. Hasta en las iglesias se habla de este tema que tantas reflexiones nos está llevando a tener.

Creo importante mencionar que no existe una verdad absoluta sobre lo que sucede en Venezuela. Cada persona tiene su postura y cada una de éstas es válida en tanto representan el uso de la libertad de expresión que poseemos. Dicho lo anterior, solo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones.

Parece existir cierta coincidencia en la necesidad de repensar la cooperación internacional. Esto no es nuevo, pero se remarca más.

La guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza nos llevan a cuestionar la utilidad de los organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas.

Lo mismo ocurre con la Organización de los Estados Americanos que, tras la crisis en Venezuela ocurrida por las cuestionadas elecciones de 2024 y la permanencia de Maduro en el poder pese a las acusaciones de fraude electoral que deslegitiman su actual mandato, llevó a discutir para qué sirve la cooperación internacional en casos de regímenes acusados de violaciones sistemáticas a derechos humanos o que se apropian de los mecanismos electorales para perpetuarse en el poder.

 Pero estas críticas traen un tema subyacente: ¿quién debe decidir qué gobierno es legítimo?

Precisamente la existencia del derecho internacional y de los mecanismos multilaterales se idearon para que no imperara la ley del más fuerte. Para garantizar el respeto entre los Estados y sus gobiernos, y para canalizar los conflictos a través de reglas pactadas. El dilema que nos plantea esta cuestión es profundo. Cuando los mecanismos fallan y las instituciones internacionales son incapaces de actuar con eficacia, ¿se justifica que un Estado decida unilateralmente quién gobierna en otro país?

La captura de Maduro y las constantes amenazas de Donald Trump abren esa discusión. Para algunos, estamos ante el fin de un régimen autoritario que anuló libertades, persiguió opositores, cooptó las instituciones y cerró las vías democráticas. Para otras personas, es una violación flagrante a la soberanía de Venezuela. Una muestra del intervencionismo, propio de la agenda estadounidense que establece un peligroso precedente en las relaciones internacionales.

No son posturas excluyentes. Cada una tiene sus riesgos. Si aceptamos que un país puede intervenir militarmente para remover un gobierno por considerarlo ilegítimo, la pregunta inevitable, como ya se planteó, es ¿quién traza esa línea y con base en qué? Pero, además, ¿qué distingue una acción en defensa de los derechos humanos de una imposición política?

Otra pregunta que debemos hacernos, visto el panorama: ¿Venezuela es un país libre hoy en día? Porque la detención de Nicolás Maduro no garantiza, por sí misma, la reconstrucción democrática que tanto se pide. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la cúpula gubernamental sigue indemne.

La libertad no se concreta con la captura de un líder al que se acusa de dictador. La ausencia de una figura no se traduce en el reencauzamiento de la democracia. La libertad se construye con instituciones sólidas, elecciones auténticas, división de poderes, respeto a los derechos humanos y participación ciudadana real y efectiva.

Si tras esto, el pueblo venezolano no recupera la capacidad de decidir su rumbo mediante procesos democráticos propios, si la ciudadanía no es el centro de la llamada “transición”, entonces el riesgo es haber sustituido a Nicolás Maduro por Delcy Rodríguez (la vicepresidenta que ejerce la presidencia interina). Cambiar un liderazgo sin fortalecer las reglas del juego puede dejar intactas las causas que llevaron al colapso social e institucional.

Lo anterior también nos obliga a mirarnos como comunidad internacional. A cuestionarnos si los organismos multilaterales siguen siendo útiles o se requiere un replanteamiento profundo. Hay que ser conscientes además del delicado equilibrio entre la soberanía, el respeto a los derechos humanos y el orden internacional.

Como humanidad, estamos ante un momento decisivo. Venezuela atraviesa una etapa histórica. Determinante. Estamos lejos del final. Lo que me queda claro es que la libertad y la democracia no pueden imponerse desde Washington D.C., para alcanzarlas se necesita la participación de la sociedad venezolana. De lo contrario, seguiremos preguntándonos: Venezuela… ¿libre?

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Santiago Chablé Velázquez

El 2025 ha sido un año de reformas, ajustes e incertidumbre para el sistema de justicia mexicano. También ha sido un año de exigencias ciudadanas que están lejos de ser atendidas. De personas juzgadoras que comienzan nuevos ciclos. Un año de historias que, lejos de lo mediático, reflejan los rostros de la impartición de justicia en nuestro país.

Frente a todo lo anterior, debemos preguntarnos: ¿realmente estamos construyendo justicia?

Lo fácil es quedarse en los grandes discursos y en las fotos que apantallan. En las palabras técnicas o de cambios estructurales. Debemos ir más allá, adentrarnos en la forma en que el sistema sigue tratando a las personas. La manera en que escucha, reconoce o repara. Dimensionar que no sólo está sobre la mesa una sentencia, sino la vida de quienes acuden a los tribunales buscando algo más que trámites o juicios. Se trata de personas que buscan ser vistas, entendidas y atendidas por un sistema que todavía les ignora.

Hablar de justicia con rostro humano, justicia cercana o una justicia que escucha no son solo eslóganes. Son un imperativo ético. Es reconocer que, detrás de cada expediente hay una historia. Que detrás de cada proceso hay personas con miedo, con esperanza, con derecho a ser tratadas con dignidad y no ser contadas como una estadística más.

No podemos quedarnos en el exterior. La justicia con rostro humano, con cercanía, la justicia que escucha también debe darse al interior del propio sistema. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo estamos cuidando al personal de la judicatura? ¿Cómo los órganos de gobierno del Poder Judicial protegen al personal del servicio público que hace posible la operatividad de la maquinaria?

Como indiqué al inicio, este ha sido un año de ajustes e incertidumbre.

Sin embargo, se pretendió renovar la judicatura en cuanto a la forma, sin modificar del todo el fondo.

Elegimos a personas juzgadoras que siguen aplicando La Ley de Amparo con más restricciones, el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales y que deberán implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aprobado hace un par de años. Estas reformas vienen desde arriba, pero la confianza de la ciudadanía debe reconstruirse desde lo cotidiano.

Para lograr esto, como judicatura, necesitamos replantearnos nuestros dogmas. El tono y las formas en que se conducen las audiencias. La redacción de las sentencias. Las formas en que se resuelven una queja, una consulta o un incidente.

Ahí es donde se juega la legitimidad de nuestra labor. En no seguir haciendo lo mismo que nos llevó al escenario que propició la Reforma Judicial.

Cierro este 2025 con una convicción clara: la justicia que queremos no sólo exige estructuras más eficientes y eficaces, sino personas más empáticas. Una justicia más cercana no se logra con nuevas reglas o sustituyendo a las personas juzgadoras, sino con una vocación renovada por comprender el dolor de las personas y atenderlas con humanidad.

Esa debe ser la agenda de trabajo para el 2026. Colocar al centro a las personas. Hay que hablar menos de las burocracias, de grillas políticas y más de quienes importan: las usuarias y los usuarios del sistema de justicia. Nuestro trabajo no es sólo aplicar la ley, sino hacerlo con responsabilidad y compromiso social.

Para encaminar esta transformación por la que atravesamos en la judicatura nacional necesitamos comenzar por hacer de la justicia un espacio que abrace, que acompañe, que escuche, que se construya en conjunto con la meta de alcanzar la paz que, como sociedad anhelamos. Esa es la justicia que queremos. Esa es la justicia que debemos construir.

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POR: SANTIAGO CHABLÉ

El pasado 05 de diciembre, se llevó a cabo la presentación del texto “La educación para la paz. Motor de la democracia” de Pablo Romo Cedano. Lo anterior, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Publicada por el Instituto Nacional Electoral, esta obra forma parte de la colección Conferencias magistrales. Temas de la democracia y es una más de las actividades que realiza la autoridad electoral para inculcar la educación cívica en la ciudadanía.

Quisiera reflexionar con ustedes sobre este trabajo porque en México no hemos dimensionado lo suficiente la necesidad de apostar por la construcción de una agenda de educación para la paz.

Definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como el proceso integral que busca inculcar en las personas los valores, actitudes y habilidades necesarias para prevenir la violencia y resolver conflictos de manera pacífica, la educación para la paz es una solución a los problemas del sistema nacional de justicia que, como país, estimo no hemos explorado como se debe.

Conforme a lo explicado por el autor en la obra, este modelo no sólo tiene como punto de partida la enseñanza de los derechos y deberes individuales y colectivos. Ahora, considera crucial para el empoderamiento de la ciudadanía la promoción de la tolerancia y la acción directa para demandar justicia. Por tanto, nos dice Romo Cedano, la educación para la paz comenzó a alinearse con movimientos sociales más amplios que buscaban tanto la ausencia de la guerra como la construcción de una paz positiva basada en la equidad y el respeto a la dignidad humana.

Por las razones anteriores, es que debemos conjuntar esfuerzos autoridades y sociedad civil para explorar tácticas de pacificación que aterricen en las zonas del país más afectadas por el crimen. Temas como la violencia de género, el racismo y las desigualdades económicas son tópicos de la educación para la paz del siglo XXI. Problemáticas muy presentes en nuestra sociedad actualmente.

Necesitamos decirlo con franqueza: pese a los avances en la disminución de la pobreza, vivimos en un país que continúa siendo sumamente desigual. En el que tenemos más de ciento veinte mil personas desaparecidas y con un promedio de diez mujeres asesinadas por día. México es una nación en la que la ciudadanía cree más en la Marina y el Ejército que en las personas juzgadoras y que tiene muy poca confianza en las fiscalías. Ello, conforme a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2024.

Para construir un país más democrático requerimos despojarnos del punitivismo. Dejar de legislar pensando en castigar a las personas y adoptar modelos de leyes en los que la prevención a partir de la educación sea verdaderamente el motor de cambio. Incrementar las penas y los delitos que representan prisión automática no han logrado en todos estos años disminuir las cifras de incidencia delictiva.

Como bien apunta Pablo Romo, en un contexto como el mexicano, donde la violencia es omnipresente, la educación para la no violencia puede ser transformadora. Pero esto requiere que enseñemos en las aulas, en casa, en los trabajos, en todos lados, el rechazo a la violencia como medio de solución de conflictos.

Sabemos qué queremos —pacificar el país y aumentar la confianza en las instituciones de justicia—, pero nos está faltando el cómo. La educación para la paz es una herramienta que se presenta como la vía para lograrlo. No es un esfuerzo nuevo. No obstante, no ha sido la base para edificar las políticas públicas de procuración y administración de justicia. Es tiempo de voltear a verla y con base en ella construir la justicia que queremos.

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POR: SANTIAGO CHABLÉ

El pasado 18 de noviembre se celebró en la Glorieta de los Insurgentes de la Ciudad de México el Foro informativo y consultivo dirigido a personas de la diversidad sexual y de género. Esto, en el marco de la Consulta a Grupos de Atención Prioritaria sobre Acciones Afirmativas rumbo al proceso electoral local ordinario 2026-2027 que realiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

En la actividad participaron Hilda Téllez Lino, Aurélien Guilabert, Bárbara Alvarado Flores y Mauricio Vega Mendiola. Bajo la moderación de la consejera electoral Sonia Pérez Pérez, se desarrolló un espacio de propuestas para construir una base regulatoria sólida que posibilite el acceso al poder de personas de la población de la diversidad sexo-genérica.

También hubo críticas al modelo y a las sentencias emitidas por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como es el caso de la contradicción entre criterios para adoptar acciones afirmativas en la elección judicial, como señaló Vega Mendiola, o la falta de apoyo por parte de los partidos a las candidaturas de la población LGBTIQ+, que indicó Aurélien.

Este tipo de ejercicios son indispensables porque representan espacios para escuchar a todas aquellas voces que buscan construir una democracia más inclusiva. De ahí la importancia que, de cara a la reforma electoral que se hará el próximo año, continúen existiendo los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL).

Las autoridades electorales locales son una fuente de innovación normativa que no podemos ignorar. Fue gracias a las colectivas y los activismos de las entidades federativas que se lograron triunfos como la paridad en todo o las cuotas para los grupos poblacionales históricamente discriminados.

Un caso que ejemplifica lo anterior es el de Tabasco en el proceso electoral 2023-2024. Se realizó el mismo ejercicio de foros por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT). Esto permitió posteriormente la aprobación de los Lineamientos para la aprobación del principio de paridad y acciones afirmativas con motivo del proceso electoral local ordinario 2023-2024. Sin embargo, una decisión del Tribunal Electoral de Tabasco llevó a considerar que la cuota de personas de la diversidad sexual y de género fuera optativa. Ese fallo se controvirtió y la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo revocó, manteniendo las reglas del IEPCT en sus términos.

Casos como los del IECM o el IEPCT se replican por todo el país. Pese a las restricciones presupuestales que mantienen los Congresos estatales, los OPL sacan adelante elecciones de manera ejemplar. No negamos que existen casos en los que su actuación está lejos de ser perfecta, pero son la excepción.

Necesitamos enfocarnos en cómo fortalecerlos y no en cómo desaparecerlos para ahorrar recursos. Esa idea –la de ahorrar extinguiendo a los OPL– sin debilitar la democracia incluyente no se sostiene en un país tan diverso como México, ya que una autoridad nacional difícilmente podrá construir una democracia en la que se den espacios a todas las voces.

Por lo anterior, apostemos por robustecer a las autoridades locales para que éstas puedan desarrollar políticas públicas electorales que permitan una amplia participación en los comicios de 2027.

Que la construcción de una democracia inclusiva no sea sólo un discurso sino una realidad para todas las personas, que estos foros se traduzcan en reglas claras para garantizar el acceso real al poder de quienes históricamente han sido marginados.

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