Ciudad de México  28/10/2026
Redacción El Independiente del Sureste

México perdió a uno de los protagonistas de su transición democrática. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tres veces candidato presidencial, exgobernador de Michoacán y primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido mediante el voto ciudadano, falleció el miércoles 28 de octubre, a los 92 años, en la Ciudad de México.

El deceso fue confirmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y provocó expresiones de condolencia de dirigentes políticos, legisladores, exmandatarios y representantes de distintas corrientes ideológicas.

Personas cercanas a la familia informaron a La Jornada que Cárdenas padecía cáncer desde tiempo atrás. Sus restos fueron velados este jueves en el Panteón Francés de la capital mexicana, donde también descansan los de su esposa, Celeste Batel, fallecida en octubre de 2021. Le sobreviven sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel.

Su fallecimiento cierra una trayectoria de más de seis décadas de participación en la vida pública nacional, marcada por la defensa de la democracia electoral, el nacionalismo económico, la soberanía energética y la construcción de una alternativa política al régimen de partido hegemónico que dominó México durante buena parte del siglo XX.

La ruptura que cambió el escenario político

Nacido el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas fue hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México entre 1934 y 1940, cuya administración impulsó la reforma agraria y decretó la expropiación petrolera de 1938.

Ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inició su trayectoria política dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue senador de la República y gobernador de Michoacán de 1980 a 1986.

Su distanciamiento de la dirigencia priista comenzó a profundizarse en 1986, cuando, junto con Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, Rodolfo González Guevara y otros dirigentes, impulsó la Corriente Democrática, que exigía procedimientos internos más abiertos para seleccionar candidatos y recuperar los principios nacionalistas y sociales del partido.

El movimiento cuestionó la concentración de decisiones en la Presidencia de la República y la falta de democracia interna del PRI, entonces encabezado políticamente por el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado.

Ante el rechazo de sus planteamientos, Cárdenas y otros integrantes de la Corriente Democrática rompieron con el partido en 1987 y promovieron la formación del Frente Democrático Nacional, coalición que lo postuló como candidato presidencial en 1988.

Aquella ruptura constituyó uno de los acontecimientos más importantes de la historia política contemporánea mexicana, al reunir a organizaciones de izquierda, sectores nacionalistas y grupos sociales que demandaban mayor apertura democrática.

1988: la elección que puso en entredicho al sistema electoral

La candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones presidenciales del 6 de julio de 1988 representó el mayor desafío electoral que hasta entonces había enfrentado el PRI.

La contienda se desarrolló frente al candidato oficialista Carlos Salinas de Gortari y al abanderado del Partido Acción Nacional, Manuel J. Clouthier.

Durante la jornada electoral, la interrupción del sistema informático de cómputo de votos, episodio conocido como la caída del sistema, desató una crisis de confianza en las autoridades electorales.

Los resultados oficiales otorgaron la victoria a Salinas de Gortari, pero Cárdenas y otras fuerzas opositoras denunciaron irregularidades y sostuvieron que se había cometido un fraude electoral.

Aunque la magnitud y las consecuencias específicas de aquellas irregularidades siguen siendo materia de análisis histórico, la elección de 1988 evidenció las limitaciones del sistema electoral de la época y fortaleció las demandas de organismos autónomos, reglas más transparentes y condiciones de competencia entre los partidos.

La movilización política encabezada por Cárdenas contribuyó a acelerar las reformas electorales que transformarían gradualmente las instituciones encargadas de organizar los comicios.

Del Frente Democrático Nacional al nacimiento del PRD

Después de la elección presidencial de 1988, Cuauhtémoc Cárdenas participó en la construcción de una nueva organización política que reuniera a las fuerzas de izquierda y a los sectores democráticos que habían respaldado su candidatura.

El 5 de mayo de 1989 se fundó el Partido de la Revolución Democrática, resultado de la convergencia de distintas organizaciones políticas y sociales, entre ellas el Partido Mexicano Socialista y grupos provenientes de la Corriente Democrática del PRI.

El PRD se convirtió durante las décadas siguientes en uno de los principales partidos de oposición y en una plataforma para numerosos dirigentes que posteriormente ocuparían cargos de elección popular y responsabilidades de gobierno.

Cárdenas fue nuevamente candidato presidencial en 1994 y 2000, aunque no consiguió llegar a la Presidencia de la República.

Su trayectoria alcanzó otro momento decisivo en 1997, cuando ganó la primera elección directa para jefe de Gobierno del Distrito Federal, después de una reforma política que permitió a los habitantes de la capital elegir a su gobernante.

Aquel triunfo significó una transformación institucional para la Ciudad de México y abrió una nueva etapa en su vida política, caracterizada por la alternancia respecto al antiguo régimen priista.

Tabasco, escenario de la lucha cardenista

El movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas también tuvo repercusiones en Tabasco, donde Andrés Manuel López Obrador se incorporó a la oposición priista y posteriormente se convirtió en uno de los principales dirigentes del PRD.

La convocatoria cardenista contribuyó a reunir a organizaciones campesinas, dirigentes sociales, militantes opositores y ciudadanos que cuestionaban las prácticas electorales del régimen.

López Obrador fue candidato a gobernador de Tabasco en 1988, bajo las siglas del Frente Democrático Nacional, y posteriormente encabezó movilizaciones para denunciar irregularidades electorales.

Entre esos acontecimientos destacó el Éxodo por la Democracia, iniciado en noviembre de 1991, después de las elecciones municipales tabasqueñas. La movilización partió de Tabasco hacia la Ciudad de México para exigir atención a las denuncias de irregularidades y respeto a la voluntad ciudadana.

El respaldo político de Cárdenas a las movilizaciones tabasqueñas contribuyó a vincular las demandas locales con el movimiento nacional por la democratización electoral.

La relación política entre Cárdenas y López Obrador tuvo distintas etapas. Ambos compartieron las luchas opositoras de finales de los años ochenta y principios de los noventa, aunque posteriormente mantuvieron diferencias sobre estrategias electorales, decisiones partidistas y proyectos políticos.

Un dirigente que también cuestionó a su propio partido

La trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas no estuvo exenta de diferencias con las organizaciones políticas que ayudó a construir.

Con el paso de los años, el fundador del PRD manifestó desacuerdos con decisiones de sus dirigencias y cuestionó el alejamiento de los principios que habían dado origen al partido.

En noviembre de 2014 renunció al PRD, después de 25 años de militancia, en un contexto de profunda crisis partidista tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero.

Su salida evidenció las tensiones internas de una organización que había nacido de la lucha por la democratización y que enfrentaba cuestionamientos sobre su conducción política.

En los años posteriores mantuvo una presencia pública centrada en temas de soberanía nacional, política energética, democracia, desarrollo económico y defensa de los recursos estratégicos del país.

La defensa del petróleo y la soberanía nacional

Uno de los temas permanentes en el pensamiento político de Cuauhtémoc Cárdenas fue la defensa del petróleo como recurso estratégico para el desarrollo nacional.

El ingeniero mantuvo una postura nacionalista en materia energética, vinculada con el legado de su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río.

Su participación en el debate sobre Petróleos Mexicanos se prolongó hasta los últimos meses de su vida.

El 18 de marzo de 2026, durante la conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su designación como presidente de la Comisión Consultiva de Pemex, organismo orientado al análisis estratégico del sector energético y a la formulación de recomendaciones.

La designación representó un reconocimiento a su experiencia y a su trayectoria en la defensa de la soberanía energética mexicana.

Un legado que trasciende a los partidos políticos

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas ocurre en un escenario político muy diferente al que enfrentó cuando encabezó la ruptura del PRI y participó en la construcción de una alternativa electoral de izquierda.

En 1988, el sistema político mexicano estaba dominado por un partido que había mantenido el control de la Presidencia de la República durante varias décadas. La organización de las elecciones dependía directamente del gobierno federal y las fuerzas opositoras enfrentaban importantes obstáculos para competir en condiciones de equidad.

Casi cuatro décadas después, México cuenta con instituciones electorales distintas, ha experimentado alternancias presidenciales y dispone de un sistema de competencia política más plural, aunque persisten debates sobre la independencia de las instituciones, la representación ciudadana y la calidad de la democracia.

La trayectoria de Cárdenas forma parte de ese proceso histórico, junto con las luchas de numerosas organizaciones sociales, movimientos ciudadanos y dirigentes de diferentes corrientes políticas.

Su nombre permanecerá vinculado a la elección presidencial de 1988, al nacimiento del PRD, a la primera elección directa del gobierno capitalino y a la defensa de una visión nacionalista del desarrollo económico.

Con la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano desaparece uno de los protagonistas de la transición democrática mexicana, cuya trayectoria permite comprender las transformaciones del sistema político nacional y los desafíos que todavía enfrenta la democracia.

The post Muere Cuauhtémoc Cárdenas, el hombre que desafió al régimen del PRI y abrió camino a la transición democrática first appeared on El Independiente del Sureste.

Eider Urbina Castro
(X: eider_urb).

Apenas llegó a su casa, Rofolfo sentóse bruscamente ante su mesa, bajo la cabeza de ciervo que formaba un trofeo en la pared; pero cuando tuvo la pluma entre los dedos, no supo cómo comenzar; puesto de codos y con la cabeza entre las manos, comenzó a reflexionar… Entonces echó agua en un vaso, mojó en él un dedo y dejó caer una gruesa gota que hizo una mancha pálida en la tinta.

–Gustave Flaubert en Madame Bovary

Tal vez, Guadalupe Taddei elaboró su carta y comunicado de renuncia con el mismo ímpetu calculador que Rodolphe Boulanger en Madame Bovary. Al menos, eso pensaría si el constante listado de tres elementos y la estructura superficial del texto no delatara su sombría escasez de humanidad.

En cualquier caso, la carta comienza con la presentación de su trayectoria. ‘Durante treinta y tres años he tenido el honor de servir a México desde sus instituciones electorales, participando en distintas etapas de su construcción y fortalecimiento democrático’. Su participación y desarrollo en el ámbito electoral no está en duda. Durante los años señalados, Taddei desempeñó los cargos de Directora de Centro Regional de Cómputo, Directora del Sistema Nacional de Consulta Electoral y Vocal Estatal del Registro Federal de Electores en Sonora.

Sin duda, la cúspide de su carrera electoral fue su designación como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, en 2023. Esta semana, tras tres años y cinco meses, emite su renuncia. Las razones fácilmente pueden intuirse: acusaciones severas sobre irregularidades de fiscalización y corrupción durante su ejercicio. Mismas que, en sus pronunciamientos, Taddei trata de esquivar con un afán de inocencia. No obstante, antes de cuestionar la disonancia entre las palabras de Taddei y el ejercicio real de su cargo, es –cuando menos– justo analizar el cómo llegó al mismo.

En 2023, el Instituto Nacional Electoral enfrentó el término del periodo del entonces Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, y tres Consejeros Electorales. Si bien el ejercicio de Córdova concluyó conforme al curso ordinario del cargo, al igual que Taddei, el entonces Consejero Presidente fue objeto de muchas acusaciones por presuntas irregularidades en contrataciones durante su gestión; aunque el sujeto emisor y contexto político de ambas críticas varía sustancialmente.

Los últimos años de Lorenzo Córdova como Consejero Presidente del INE coincidieron con el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La concurrencia no fue grata. Durante este periodo, el INE canceló candidaturas de MORENA por fallas en informes de precampaña, el partido respondió que las medidas eran arbitrarias. El INE también dictó medidas para limitar comentarios del expresidente en las ‘mañaneras’ durante los procesos electorales, MORENA lo calificó como una forma de censura política. El INE atendió al cumplimiento de la ley en materia electoral, a MORENA le resultó incómodo.

Cuando el partido identifica un límite institucional al poder, que opera como un freno y contrapeso efectivo, lo destruye. Así, en el plano legislativo, el partido impulsó reformas en aras de su comodidad política: modificó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para establecer que las opiniones en las mañaneras no actualizaran propaganda gubernamental, prohibió al INE retirar candidaturas por faltas administrativas o de fiscalización y redujo la plantilla técnica del instituto.

En el plano discursivo, la narrativa de recriminación fue basta: el partido calificó al INE como un organismo costoso, con prestaciones contrarias al quimérico principio de austeridad. Además, acusó a sus consejeros, específicamente a Lorenzo Córdova, de administrar la institución conforme a sus intereses políticos particulares. Actualmente, con el caso Taddei, la respuesta de Córdova frente a la ola de acusaciones recobra firmeza y sentido:

No voy a entrar en esta discusión, que es verdaderamente vulgar, en [donde] nos quieren rebajar… Si hay un órgano que es transparente es este, cuando me vaya lo [van] a ver… Han [fracasado] en el intento de que quienes les resultamos incómodos, porque… ejercemos la Constitución y nuestra autonomía y no nos subordinamos al poder, ni al que estaba, ni al que está, ni al que estará, han fracasado en el intento de que muchos dejemos el consejo anticipadamente, y no lo han logrado.

En este contexto de represalias institucionales por parte del régimen en turno, surgen dudas legítimas sobre el proceso de designación del Consejero Presidente posterior, Guadalupe Taddei. Este proceso está regulado en el artículo 41, fracción V, Apartado A, de nuestra Constitución. En un primer momento, la Cámara de Diputados emite un acuerdo para la elección del cargo correspondiente –Consejero Presidente o Consejero Electoral–. Este acuerdo contiene las etapas, fechas, plazos y la designación de un comité técnico de evaluación de candidatos.

El comité técnico de evaluación correspondiente al proceso de designación en el que participó Taddei estuvo integrado por un total de siete personas: tres nombradas por el órgano de dirección política (ODP) de la Cámara de Diputados, dos nombradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y dos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Actualmente, tras la reforma constitucional de 20 de diciembre del 2024, el numeral establece que el comité técnico de evaluación estará conformado por solo cinco miembros: los tres designados por el ODP de la Cámara de Diputados y los dos nombrados por la CNDH.

Posteriormente, conforme a las reglas del acuerdo emitido por la Cámara de Diputados, el comité selecciona a las cinco personas con los mejores resultados de evaluación por cada cargo vacante. Finalmente, el comité remite la lista al ODP de Cámara de Diputados y este último selecciona a un postulante por cada cargo. Esta designación pasa por el Pleno de la Cámara. Como consideración importante, en caso de que el ODP no realice la remisión anterior o la misma no alcance la votación requerida en el Pleno de la Cámara, la designación del cargo dependerá de la insaculación de la lista de los cinco últimos candidatos.

Taddei presentó irregularidades desde su postulación, aunque es justo reconocer el proceso. Tras un periodo de: i) determinación de requisitos de elegibilidad; ii) evaluación de conocimientos en materias relacionadas (constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos); iii) la ponderación conjunta del Currículum Vitae, Exposición de Motivos y un Ensayo sobe ‘la función estatal del INE y la contribución a la democracia’; y, iv) realización de entrevistas; el nombre de Guadalupe Taddei resultó en las listas a remitir al ODP de la Cámara de Diputados. Su designación avanzó hasta el Pleno de la Cámara, en la terna con las designaciones para cada vacante.

El Pleno no alcanzó consenso, ni mucho menos la votación necesaria. La trayectoria de Taddei no estuvo en duda, el objeto de la discusión fue su vinculación con el partido MORENA y las posibles implicaciones. No era para menos. El primo de Guadalupe Taddei es Jorge Luis Taddei, delegado de Programas para el Desarrollo en Sonora durante el mandato del expresidente López Obrador. Además, Guadalupe Taddei es tía de Pablo Daniel Taddei e Ivana Celeste Taddei. En 2022, Andrés Manuel López Obrador designó al primero como Director General de LitioMX –empresa de la Administración Pública y proyecto del expresidente–. La segunda fue diputada por el distrito 11 del Estado de Sonora, en representación de MORENA, en las elecciones de 2021.

Los escrúpulos del Pleno eran razonables. El mismo artículo 41 constitucional, fracción V, Apartado A, establece la independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del INE. ¿Puede acaso alguien con tanta cercanía a un partido político, que además promovió una campaña legislativa contra la institución, ejercer el cargo con tales principios? La duda es válida, pero inoperante. Ante la falta de consenso, el Pleno de la Cámara de Diputados llevó a cabo el procedimiento de insaculación y sorteo para la designación de los cargos. Por ello, cuando en su comunicado, Taddei refiere a su cargo como ‘la responsabilidad que esa Soberanía [la Cámara] [le] confirió’ es difícil no sentir cierta aversión. ¿Cuánta soberanía puede residir en un sorteo? Más aun cuando el origen del mismo es la falta de confianza por parte de los representantes del pueblo –término que agrada– hacia los postulantes finalistas.

En su carta, Taddei no ahonda en detalles sobre el ejercicio de su cargo. Quizás, porque callar es más sencillo que mentir, aunque en muchas ocasiones implican lo mismo. Aun así, los tres años y cinco meses de Guadalupe Taddei como Consejera Presidenta presentan tantos vicios que, cada una de sus oraciones, ya sean genéricas o breves, refleja alguna problemática de su mandato.

En su primer párrafo, Taddei expresa que ha “compartido responsabilidades con miles de mujeres y hombres comprometidos con la democracia, cuyo trabajo y esfuerzo [reconoce] profundamente”. Quizás, el verbo compartir no fue el más oportuno, delegar es más cercano.

En 2024, el Congreso aprobó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Anteriormente, el Consejero Presidente podía proponer designaciones y plazas; sin embargo, la formalización de las mismas dependía de la aprobación del Consejo General. A partir de la reforma, las facultades del Consejero Presidente aumentaron, de tal modo que este puede realizar nombramientos para directores coordinadores y titulares de Unidades Técnicas, sin la necesidad de aprobación o consulta del Consejo. No sobra señalar que la reforma fue propuesta de Pável Jarero Velázquez, Senador de MORENA, con el objetivo de evitar la confrontación en el órgano interno del INE.

En una afirmación atrevida, pareciera que el Senador Jarero no conoce muy bien la teoría de frenos y contrapesos, por no decir que tampoco domina la materia constitucional. El mismo artículo 41 establece que, si bien el Instituto mantiene un cargo de Consejero Presidente, el órgano superior de dirección es el Consejo General –Consejero Presidente y diez Consejeros Electorales–. Así, el Consejo funciona como un órgano colegiado que, en virtud del debate, garantiza que las actividades internas cumplan con las normas y principios de la materia. La lección es histórica: concentrar el poder en una sola persona siembra arbitrariedad y cosecha violaciones. Manipular instituciones genera un entorno lesivo. La ‘confrontación’ a la que alude Jarero es necesaria para administrar conforme a un panorama completo; como bien señaló Lorenzo Córdova: “esto vuelve a los consejeros en vigilantes y controladores del poder del [Consejero] Presidente”. Con la reforma a la LGIPE en 2024, el Consejero Presidente es, a su vez, impulsor, revisor y vigilante de los nombramientos, y, más importante, los procedimientos de contratación.

Sin límites al poder y con el apoyo del gobierno en turno, no causa sorpresa que la (ex)Consejera Presidenta encontrara en ejercicio del cargo cierta comodidad, misma que es terriblemente peligrosa cuando converge con la codicia. En tan solo tres años y cinco meses, Taddei estructuró acuerdos manifiestamente oscuros. Tras graves irregularidades en los procedimientos de fiscalización durante el breve mandato, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinaron un esquema de triangulación en beneficio del conglomerado empresarial de los hermanos Hernández Casillas.

En el papel, la variedad de empresas atribuidas con licitaciones en los registros del INE simulaba competencia económica y libertad de mercado; en la realidad, los fondos recaían en las mismas dos personas. La detección de desvíos e inconsistencias financieras bajo la dirección de Taddei es, en sí misma, una conducta reprochable. No obstante, lo anterior muta a una naturaleza más retorcida al precisar la relación sentimental de la exconsejera con José Alfredo Hernández Casillas. La costumbre morenista ya es mantra: ‘amor con contrato se paga’.

Con todo en su contra, actualmente, Taddei juega una última carta: el disfraz de inocencia y el discurso de victimización. En su comunicado de prensa, reconoció que ‘la crítica periodística, el escrutinio público y la conversación digital son expresiones legítimas y necesarias’, ¡menos mal! Aunque, con tintes de una segunda intención, agregó que ‘la transparencia y el combate a la corrupción solo tienen sentido cuando se ejercen con rigor, imparcialidad y rendición de cuentas, no como consignas selectivas ni como instrumentos de presión’.

En un intento desesperado por minimizar sus responsabilidades, Taddei alude a que varias de las acusaciones en su contra atienden a un ejercicio de violencia de género. Cuando una persona es consciente de su mala actuación tiende a buscar alguna excusa, porque es menos lesivo al orgullo –y en este caso a la inocencia– el legitimar un error, que el reconocerse incompetente. Sin realmente considerarlo necesario, preciso que lo aborrecible en el ejercicio de Taddei es la repetición constante de conductas irregulares, no así el género de quien las actualiza.

Sin mucho más que expresar, Taddei plasmó su despedida cual condecoración civil. En el comunicado de prensa escribió: “lo hago [renuncia] con serenidad y dignidad”, y, en la carta oficial de renuncia agregó: “me retiro… con la satisfacción del deber cumplido… Conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y en sus instituciones”.

 – Puede que crea que renuncio por avaricia. ¡No importa! ¡Acabemos!

<<Estaré muy lejos cuando lea usted estas tristes líneas, porque he querido huir rápido a fin de evitar la tentación de volverla a ver>>

Y al final puso un último adiós, separado…, lo que creía de muy buen gusto.

Quizás, si el pueblo de México viviera con la ilusión de Madame Bovary le sería fácil atribuir a Taddei el beneficio de la duda. Pero, el pueblo tiene memoria. No intuye a través de ideales; juzga a partir de los hechos. Taddei no es mártir de una crítica injustificada; es un Rodolphe Boulanger, temeroso de enfrentar las consecuencias de su verdadera decisión. Solo existe una diferencia, a Boulanger le creyeron.Volvió a leer la carta, y le pareció excelente.

The post La democracia a tus pies first appeared on El Independiente del Sureste.

MANIFIESTO
JOSE CHABLE RUIZ

13/10/2026

En México, cada día es más difícil mantener la gobernanza sin que se cuestione la gobernabilidad. En días recientes ocurrieron tres hechos ante los cuales las autoridades de los tres niveles de gobierno actuaron de manera diferente: las protestas de los empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las manifestaciones de los habitantes de Guadalajara y la liberación, por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), del presunto líder del grupo criminal “Pueblos Unidos”, José David “N”, (a) “El Güero Gym”.

Los empleados del IMSS bloquearon vialidades de la Ciudad de México para exigir un aumento salarial del 10%; denunciaron el desabasto de medicamentos e insumos, la falta de personal y de sobrecarga laboral en los hospitales de todo el país; además, plantearon la remoción de su líder sindical Rafael Olivos Hernández, porque consideran que no defiende los intereses gremiales.

En Guadalajara, capital de Jalisco, la población ha denunciado desde 2019 que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) suministra agua de mala calidad, turbia y contaminada. Por ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la Recomendación 10/2022 por violaciones al derecho humano al agua y al saneamiento. Ante la falta de solución al problema por parte de las autoridades municipales y estatales, los habitantes salieron a las calles el pasado domingo para exigir el suministro de agua limpia.

Este lunes 12 de octubre, elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) de la FGEM, detuvieron en flagrancia a José David “N”, señalado como generador de violencia, en Totolapan, Morelos. En represalia, integrantes de su célula criminal protagonizaron hechos violentos en la región oriente de la entidad, secuestraron a tres funcionarios de la Fiscalía Regional de Oriente y amenazaron con asesinarlos si la FGEM no dejaba en libertad a José David “N”.

El gobierno de la Ciudad de México evitó reprimir a los empleados del IMSS, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó al director del Instituto, Zoé Robledo Aburto, atender las demandas de los trabajadores. Robledo atendió de inmediato la instrucción presidencial.

Anunció que mantendrá un dialogo directo con los trabajadores, “piso por piso”, mediante recorridos por los 277 hospitales y centros médicos del IMSS, para escuchar sus demandas y establecer compromisos prioritarios, con fechas de cumplimiento y responsables de darles seguimiento.

En cuanto a la demanda salarial, habrá una negociación colectiva con la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Por su parte, en Jalisco, el gobierno de Pablo Lemus Navarro reprimió una manifestación ciudadana que exigía agua limpia, con un saldo de 39 detenidos. El propio gobernador reconoció que algunos elementos de la Policía Estatal incurrieron en excesos y abusos durante el operativo que realizaron en el exterior de Casa Jalisco, residencia oficial del Ejecutivo estatal) por lo que anunció una investigación interna, acompañada por la CEDHJ.

“Antes que gobernador soy humano, en la vida se debe saber reconocer y corregir”, acotó el mandatario.

Entre tanto, la Fiscalía de Morelos liberó a José David “N” para preservar la vida de sus tres funcionarios, quienes fueron retenidos, torturados y heridos de bala durante el operativo implementado en el municipio de Totolapan.

El fiscal Fernando Blumenkron Escobar rechazó que la célula criminal hubiera doblegado a las autoridades. Afirmó que la liberación del presunto generador de violencia se hizo conforme a derecho, ya que había sido detenido por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión simple, que no ameritaban prisión preventiva oficiosa.

“La decisión de liberar a la persona detenida, para rescatar con vida a los tres compañeros privados de su libertad, fue una decisión institucional, en estricto apego a derecho. Los hechos ocurridos no pueden analizarse de manera aislada, ni reducirse a la afirmación de que la delincuencia doblegó a las autoridades, continuamos con firmeza, combatiendo los delitos”, aseguró el fiscal.

“La vida de nuestros compañeros no era negociable. La aplicación de la justicia tampoco es renunciable”, sostuvo.

Los integrantes de la célula criminal “Pueblos Unidos” sembraron el terror con hechos violentos en los municipios de Totolapan, Tlayacapan y Atlatlahucan, así como en el poblado de Oaxtepec, perteneciente a Yautepec. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, general José Luis Bucio Quiroz, informó que cuatro cabos de la Guardia Nacional, comisionados a esa Secretaría, perdieron la vida en un accidente vial cuando se dirigían a Totolapan para apoyar las tareas de seguridad.

Tres conflictos, tres respuestas del poder y una misma interrogante: ¿hasta dónde llega la capacidad del Estado para gobernar?

The post Tres conflictos, tres respuestas del poder: la gobernabilidad a prueba first appeared on El Independiente del Sureste.

Ciudad de México   02/10/26

Carina López y Pool Contreras/Agencia Xinhua

Entre plantas medicinales, vapor, cantos y conocimientos transmitidos de generación en generación, el temazcal y la herbolaria encuentran en la Ciudad de México espacios para mantenerse vigentes y acercarse a nuevos públicos mediante talleres gratuitos que buscan preservar prácticas vinculadas con la cultura y la identidad de México.

En estos espacios, quienes se acercan por primera vez tienen la oportunidad de conocer saberes tradicionales que, para algunos participantes, permanecían distantes o incluso desconocidos.

Yanet Moreno Reyes lleva apenas seis meses aprendiendo herbolaria en la Fábrica de Artes y Oficios (Faro) Azcapotzalco Xochicalli, de la capital mexicana.

Su acercamiento comenzó por invitación de su hija y, desde entonces, se ha interesado cada vez más por el uso tradicional de las plantas medicinales.

«Para mí fue algo muy importante porque, cuando llegué aquí, nunca pensé en crear todas estas cosas, pero se me hizo muy interesante saber cómo trabajar con todo lo que se está haciendo», dijo Moreno a Xinhua.

La madre de familia destacó que nunca había encontrado talleres gratuitos dedicados a la medicina tradicional y señaló que, cada vez que tiene oportunidad, invita a sus vecinos y conocidos a acercarse a estas actividades, vinculadas con la cultura y la identidad mexicana.

De aprendiz a tallerista, Cinthya García también encontró en este espacio una forma de acercarse a los conocimientos tradicionales y, con el tiempo, de compartirlos con otras personas.

Maestra herbolaria, García comenzó como usuaria de la Faro en 2019 y, posteriormente, convirtió sus conocimientos sobre el uso de plantas medicinales en una forma de vida, siempre vinculada con sus raíces.

«Yo empecé en este camino de la mexicanidad con el temazcal. De ahí brinqué a la danza (…) y ya con un conocimiento previo que yo tenía de herbolaria, los maestros me incentivaron a dar talleres. Empecé a dar talleres con mis compañeras de danza en un parque y ellas fueron mis primeras alumnas», recordó la instructora.

Además del taller de herbolaria, García, nutricionista de profesión, comparte con los participantes conocimientos sobre alimentación y cuidado de la salud, que complementan las actividades relacionadas con el uso tradicional de las plantas medicinales.

Junto con la herbolaria, el Faro también ofrece talleres relacionados con el temazcal, una práctica de origen prehispánico basada en el uso del vapor y vinculada con conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas de México.

Para algunos participantes, estas actividades representan una oportunidad para compartir experiencias y acercarse a sus raíces.

Tal es el caso de Adair Rodríguez Ángeles, quien encontró en este lugar una forma de conocer a más personas interesadas en este ritual tradicional de baño de vapor y, al mismo tiempo, contribuir a preservar esta práctica.

«Felicito mucho al espacio por las condiciones para llevar a cabo esas experiencias, por recibir a tanta gente, por su generosidad y abundancia en la difusión de saberes y por tener un espacio dedicado a la comunidad», declaró.

Brandon Palma Argüelles es uno de los maestros con los que Adair ha compartido y aprendido sobre esta antigua práctica.

«El temazcal cura el cuerpo físico, energético, emocional y espiritual. De cierta forma, decimos que curar es restablecer nuestro origen, porque nosotros nacemos completos, sanos, nacemos bien, pero conforme vamos avanzando, nosotros vamos contaminándonos, llenándonos de emociones malsanas. Entonces, todo eso lo vamos a restablecer dentro del temazcal», dijo Palma Argüelles.

Las sesiones de temazcal suelen durar entre hora y media y dos horas, periodo durante el cual los participantes permanecen expuestos de manera continua al vapor y al calor.

De acuerdo con Palma Argüelles, estas condiciones favorecen la dilatación de los poros y la expansión de los bronquios, lo que, desde la perspectiva de esta práctica tradicional, contribuye a una respiración más profunda y a la eliminación de impurezas mediante sudoración.

Más allá de las técnicas y conocimientos sobre plantas medicinales y el uso tradicional del vapor, los talleres de la Faro representan un espacio de encuentro entre generaciones, donde quienes poseen estos conocimientos pueden compartirlos con nuevos aprendices y mantener presentes en la vida cotidiana.

Quienes poseen estos conocimientos pueden compartirlos con nuevos aprendices y mantener presentes en la vida cotidiana.

The post México mantiene vivos saberes ancestrales de temazcal y herbolaria con talleres gratuitos first appeared on El Independiente del Sureste.

Miguel Raúl Hernández Rojas
(X: @Rauuxll).

01/10/2026

La Suprema Corte habría abierto la puerta al narco al desmontar el blindaje electoral de Chihuahua, según la lectura que algunas notas ofrecieron después de la sesión del 29 de septiembre. La Gaceta puso esa acusación en su encabezado [1] y El Diario anunció la caída del blindaje [2]. Con los acordeones de la elección judicial todavía en la memoria, faltaba poco para completar el relato: una Corte elegida en las urnas que ahora facilita la intervención criminal en ellas. La provocación tiene fuerza, pero el caso obliga a afinar la puntería.

La Corte conservó la causal de nulidad por delincuencia y dejó disponible la cancelación de candidaturas, de modo que atribuirle un salvoconducto para los “narcopolíticos” exige dar un salto que la resolución jamás dio. Los ministros invalidaron partes de la reforma, entre ellas la porción que permitía sancionar por el solo beneficio directo derivado de actos de terceros y la cancelación automática asociada a ciertas infracciones. Reconocer esa diferencia permite formular una crítica más precisa: antes de expulsar esos segmentos, la Corte tenía delante una propuesta del Tribunal Electoral que explicaba cómo conservarlos con condiciones para su aplicación.

Me parece que ahí está la discusión relevante, porque reconocer los defectos de una ley obliga a discutir cómo corregirlos. El Tribunal Electoral propuso una lectura que exigía acreditar la responsabilidad de la candidatura y graduar la sanción; la Corte eligió retirar los segmentos cuestionados. Ambas respuestas buscaban corregir excesos, pero una preservaba una mayor parte de la decisión legislativa. Esa diferencia, además de ser importante jurídicamente, adquiere un peso político particular cuando quien invalida también presume su legitimidad electoral.

Para entender el problema del beneficio, imaginemos una elección municipal en la que un grupo armado amenaza a los seguidores de una candidata y consigue que abandonen la campaña. Su rival obtiene una ventaja, aunque ese dato todavía deja abierta la pregunta sobre su responsabilidad. Puede haber encargado las amenazas; también puede ignorar que ocurrieron. El resultado electoral registra quién ganó terreno, mientras que el expediente sancionador debe explicar qué vínculo tuvo esa persona con la violencia. Si convertimos cualquier ventaja en una infracción, entregamos a un tercero la posibilidad de comprometer una candidatura mediante sus propias acciones.

La reforma de Chihuahua contenía precisamente ese riesgo al incluir, junto con la realización de conductas que interfieren ilícitamente en las elecciones, el beneficio directo que alguien pudiera obtener de ellas. La violencia exige una respuesta, pero castigar a una candidatura requiere atribuirle una conducta jurídicamente relevante. De otra manera, la autoridad podría sancionar a quien recibió una ventaja que jamás pidió y de la que ni siquiera tuvo conocimiento. El problema estaba en la manera de construir esa responsabilidad, como permite advertir la lectura de los artículos 259 y 260 de la Ley Electoral. [3]

En su opinión SUP-OP-14/2026, párrafos 83-95, el Tribunal Electoral explicó que el beneficio debía acompañarse del conocimiento de la conducta infractora, acreditado al menos mediante indicios, y de la ausencia de un deslinde eficaz [4]. Con ese filtro, la autoridad tendría que investigar algo más que el marcador de la elección: qué sabía la candidatura favorecida y cómo reaccionó. La propuesta permitía conservar la infracción y evitaba que el beneficio, por sí solo, bastara para sancionar.

Aunque la palabra “deslinde” recuerda esos comunicados que pretenden terminar una controversia con una negativa, la doctrina electoral exige una actuación capaz de cumplir una función concreta. Una denuncia ante la autoridad competente puede contribuir a impedir que la candidatura tolere o aproveche la conducta; una declaración genérica puede quedar corta. Además, la reacción debe resultar razonable para quien la realiza, conforme a la jurisprudencia 17/2010 [5]. Pedir a una persona que acuda a la autoridad es distinto de exigirle que enfrente por su cuenta a un grupo armado. El deslinde sirve para examinar su responsabilidad, y cualquier aplicación tendría que tomar en cuenta esa diferencia.

El Tribunal también encontró una salida para la disposición que ordenaba perder el derecho al registro o cancelar la candidatura, porque una sanción tan grave exige atender a la responsabilidad acreditada y a las circunstancias del caso. Su propuesta consistía en leer esa disposición dentro del catálogo de sanciones y conservar la posibilidad de cancelar cuando la gravedad lo justificara. Así, quien organizara la violencia podía recibir una respuesta severa, mientras que la autoridad tendría que justificar el castigo en otros supuestos de responsabilidad. La ley conservaría su fuerza sin convertir cada infracción en una orden automática de expulsión (véanse los párrafos 101-106). [6]

Con dichos ajustes, el Tribunal Electoral proponía conservar las disposiciones mediante lo que los abogados llamamos interpretación conforme: elegir, entre las lecturas que admite una ley, aquella que resulta compatible con la Constitución. Su propuesta equivalía a ajustar las bisagras de una puerta que todavía podía servir, incorporando condiciones para atribuir responsabilidad y graduar el castigo. Dicha reparación tiene un límite, porque el juez debe trabajar con los significados que permite el texto. Frente a la alternativa del Tribunal Electoral, la Corte tenía entonces una cuestión concreta que resolver: si esos ajustes permitían conservar las disposiciones o exigían escribir una ley distinta.

Cuando el Pleno discutió estos puntos, los siete integrantes presentes votaron por invalidar el segmento relativo al beneficio directo, y seis respaldaron la invalidez de la sanción automática, con Yasmín Esquivel en contra. Hugo Aguilar precisó que la cancelación seguía disponible en el catálogo general, lo que ayuda a entender el alcance de la decisión y a corregir el relato de una Corte que habría eliminado toda herramienta contra la intervención criminal. También confirma que el desacuerdo con la ruta del Tribunal Electoral estaba en cómo reparar la ley, pues ambas salidas conservaban la posibilidad de cancelar candidaturas (véanse las páginas 91-100). [7]

Mi objeción a la solución de la Corte parte de dicha alternativa concreta: el Tribunal Electoral había articulado una forma de exigir conocimiento y graduar el castigo que merecía un examen cuidadoso antes de retirar los preceptos. Su opinión carecía de fuerza vinculante y la extensión de una doctrina desarrollada en asuntos de propaganda al supuesto de violencia admitía discusión. Pero dicha discusión exige confrontar las razones de la propuesta y mostrar dónde empieza a alterar el significado permitido por la ley. Detectar responsabilidad automática o una sanción desproporcionada explica el defecto; para preferir la invalidez todavía importa evaluar la posibilidad de corregirlo mediante la interpretación.

La propia jurisprudencia de la Corte vincula la conservación de la ley con la legitimidad democrática de quienes la aprobaron, lo que vuelve especialmente relevante ese examen. El Congreso representa una decisión electoral y sus normas merecen que el juez explore las lecturas constitucionalmente admisibles antes de expulsarlas. Eso jamás convierte el voto legislativo en un certificado de constitucionalidad, pero sí ofrece una razón para conservar lo que el texto permita conservar. La jurisprudencia con registro digital 2014332 expresa esa preferencia, y en Chihuahua el Tribunal Electoral había puesto sobre la mesa una manera específica de llevarla a la práctica. [8]

Dentro de dicha discusión, el ministro Giovanni Figueroa defendió la causal de nulidad por delincuencia mediante una lectura sistemática conforme que mantenía las exigencias de acreditar los hechos y su carácter determinante. Los siete ministros presentes votaron por conservar esa causal. Dicha intervención permite apreciar que la interpretación conforme tuvo un lugar en la discusión, aunque cada disposición planteara sus propios problemas y la solución de una jamás resolviera automáticamente las demás. Justamente por eso interesa examinar qué hacía viable conservar una parte de la reforma y qué impedía seguir la ruta propuesta para las otras. [9]

La referencia a los acordeones también tiene una conexión, aunque conviene resistir la tentación de convertirla en una explicación de las intenciones de los ministros. En el SUP-RAP-203/2025 y acumulados, el Tribunal Electoral exigió acreditar el conocimiento de cada candidatura para atribuirle responsabilidad por propaganda de terceros: la notoriedad de los materiales resultaba insuficiente para probar qué sabía cada persona [10]. Dicha doctrina ayuda a entender la propuesta para Chihuahua, porque en ambos supuestos aparece la distancia entre recibir un beneficio y responder jurídicamente por él. Los asuntos tienen diferencias evidentes, pero comparten una pregunta sobre cómo atribuir responsabilidad, sin que dicha relación permita probar favores políticos.

Después de reconstruir lo que ocurrió, me parece que la Corte debió dar mayor peso al panorama político en el que resolvía, porque la discusión sobre la intervención criminal en las elecciones ya tiene consecuencias que rebasan un expediente local. El 29 de abril, la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York anunció una acusación contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa; entre sus alegaciones incluyó que los “Chapitos” habían favorecido su elección mediante el secuestro y la intimidación de sus rivales. Esas imputaciones requieren prueba y corresponden a otro estado [11]. Su relevancia aquí pertenece al contexto: mientras autoridades estadounidenses plantean posibles vínculos entre el poder político y las organizaciones criminales, nuestros tribunales deciden cómo deben operar las herramientas electorales para enfrentar dicha intervención.

La Corte siempre ha interpretado la Constitución dentro de una realidad política, y sus decisiones producen consecuencias institucionales que también requieren una explicación. Podemos aspirar a que la Constitución gobierne cada sentencia, pero su texto exige interpretación y permite desacuerdos sobre el alcance de los derechos. Una ministra y un legislador pueden leer la misma disposición y llegar a conclusiones distintas, sin que esa diferencia convierta automáticamente a uno de ellos en enemigo de la Constitución. Por eso, la elección del remedio exige explicar por qué una alternativa protege mejor la Constitución y qué consecuencias institucionales produce.

A la luz de lo anterior, me parece que la Corte tenía una salida que merecía mayor atención por sus ventajas jurídicas y por el mensaje político que permitía transmitir. La opinión del Tribunal Electoral proponía conservar las disposiciones, exigir conocimiento para atribuir responsabilidad y ajustar la sanción a las circunstancias del caso. Esa lectura atendía los problemas que preocuparon a la Corte y mantenía una mayor parte de la respuesta legislativa frente a la intervención criminal. Su valor estaba precisamente en hacer compatibles las garantías de las candidaturas con el propósito de proteger las elecciones.

Esa combinación importaba en una coyuntura donde cualquier decisión sobre narcopolítica encuentra una sospecha dispuesta a recibirla: que al tribunal le dictan la agenda. La interpretación propuesta por el TEPJF podía reducir el espacio para esa lectura, porque permitía corregir los excesos de la ley conservando las herramientas cuestionadas bajo condiciones constitucionales. Conviene ofrecer nuevas fórmulas interpretativas a quienes usualmente exigen respuestas institucionales democráticamente aceptables. En este caso, la Corte tenía delante una propuesta concreta para hacerlo, y descartarla exigía razones capaces de explicar por qué la reparación resultaba insuficiente.

Considerar ese costo político forma parte, a mi juicio, de la responsabilidad de una Corte que necesita sostener la confianza en su independencia. Una sentencia puede ser jurídicamente correcta y ofrecer motivos para una lectura política adversa; cuando existe otra vía constitucionalmente defendible, importa examinar qué permite ganar también en ese terreno. Los votos que llevaron a los ministros al cargo añaden peso a su discurso de cercanía con el pueblo, pero la confianza en lo que hacen desde sus asientos depende de la calidad de sus razones. En Chihuahua, la opinión consultiva ofrecía una oportunidad para mostrar que proteger los derechos de una candidatura podía convivir con una respuesta firme frente a la intervención criminal.

La Corte conservó la causal de nulidad y la posibilidad de cancelar candidaturas, de modo que los titulares que anunciaron un salvoconducto para los “narcopolíticos” exageraron el alcance del fallo. Pero corregir esa exageración deja abierta la pregunta sobre el remedio que eligió. El Tribunal Electoral había articulado una alternativa que, a mi juicio, respondía mejor al problema jurídico y a la coyuntura política. Si la Corte encontraba que esa interpretación rebasaba el texto, necesitábamos entender con claridad dónde ocurría ese exceso. Frente a una propuesta que permitía conservar la norma con garantías, ¿por qué preferir la tijera y asumir el costo de alimentar el relato de una Corte a la que otros le marcan la agenda?

The post El voto y la tijera first appeared on El Independiente del Sureste.

Santiago Chablé Velázquez
22/09/2026

Quien hoy acude a un juzgado familiar para reclamar una pensión alimenticia, pedir la guarda y custodia de sus hijos o tramitar un divorcio tiene en el horizonte un cambio importante: juicios orales más ágiles y conducidos por personas juzgadoras capacitadas para ello. Ese cambio depende del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares [CNPCyF], aprobado en 2023 para unificar la justicia civil y familiar en todo el país. Sin embargo, su implementación enfrenta hoy un reto que no estaba previsto, una buena parte de los jueces y juezas que se capacitaron para aplicarlo ya no están en funciones.

El diagnóstico lo compartió el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, a un año de la llegada de las personas juzgadoras electas.

Durante la firma de un convenio de colaboración entre el INACIPE y el Senado, el legislador explicó que en los trabajos de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar se advirtió que la reforma judicial renovó prácticamente la totalidad de jueces y juezas en diecisiete poderes judiciales locales. Con ello, se perdió el capital humano que se había formado para implementar el nuevo código.

El señalamiento es valioso porque pone sobre la mesa un asunto que rara vez entra en la discusión pública. Las reformas a la justicia no ocurren de manera aislada, sino que se cruzan entre sí. Por eso, el éxito de cada una depende de las demás.

En entrevistas posteriores, el legislador planteó dos salidas. La primera, que los Comités de Evaluación verifiquen que quienes aspiren a participar en la elección judicial de 2028 acrediten conocimientos en la materia como parte de su idoneidad. La segunda, postergar hasta 2029 la entrada en vigor del CNPCyF, cuyo plazo vence actualmente en 2027.

Ambas propuestas apuntan en la dirección correcta. La primera fortalece la idoneidad técnica dentro del modelo de elección judicial, algo que la experiencia de 2025 demostró necesario. La segunda reconoce que la implementación de una reforma depende de las condiciones que dejan las demás.

Aplazar el Código Nacional solo será prudente si el tiempo adicional se use para capacitar a quienes hoy tendrán que aplicarlo, a quienes deberán hacerlo posteriormente, y no solo para mover una fecha.

El reto no es exclusivo de los estados. En lo federal, el Órgano de Administración Judicial [ÓAJ] reconoció, en su Acuerdo por el cual aprobó las medidas para mejorar el desempeño de los órganos jurisdiccionales, que 210,459 expedientes reportan algún tipo de rezago. Es decir, el 62.70% de los asuntos radicados en juzgados y tribunales están atrasados en su resolución.

Si bien un año no alcanza para atribuir esa cifra a la elección judicial, no podemos pasar por alto que la renovación amplia de la judicatura federal implica una curva de aprendizaje que, mientras dura, impacta en los tiempos de los juicios.

La elección de personas juzgadoras no fue diseñada para atender el rezago, el nepotismo; su propósito —en palabras de sus promotores— fue acortar la distancia entre la sociedad y los tribunales. Esos otros problemas requieren herramientas distintas. El ÓAJ propuso algunas medidas, pero no aborda la necesidad de contar con más recursos económicos, humanos y materiales. La judicatura requiere más órganos y más personal. Es una inversión que debe planearse y reflejarse en los presupuestos, los cuales deben incluir una garantía de irreductibilidad que impida recortarlos de un año a otro.

Hace falta un diagnóstico integral que no se limite a quienes encabezan los juzgados. Debe alcanzar las condiciones de trabajo del personal jurisdiccional y administrativo, y revisar en conjunto las normas que determinan cuánto tarda un juicio.

Como respuesta a la iniciativa de la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la entonces Escuela Federal de Formación Judicial realizaron mesas de trabajo para aportar un documento con propuestas que permitiera brindar soluciones a los problemas de la impartición de justicia. Un ejercicio similar podría encabezarlo hoy el Senado, a través de su Comisión de Justicia, junto con el ÓAJ y los poderes judiciales locales, antes de que se emita la convocatoria para la próxima elección judicial. Acercar la justicia a la gente es un objetivo que nadie discute. Alcanzarlo exige algo menos visible que una elección, que cada reforma se diseñe pensando en las demás. De ello depende que quienes esperan una sentencia de alimentos, de custodia o de divorcio no tengan que esperar más de lo necesario.

The post Cuando las reformas se cruzan first appeared on El Independiente del Sureste.

Ciudad de México  10/09/2026
Redacción El Independiente del Sureste

Con la celebración de una sesión extraordinaria, como lo dispone la Ley, hoy se puso en marcha el Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027, en el que se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular, entre el Congreso de la Unión, Gubernaturas, Legislaturas locales y autoridades municipales.

Desde la explanada de las Oficinas Centrales del Instituto, después del izamiento y los honores a la Bandera Nacional, la consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala aseveró que “la función electoral es una responsabilidad de Estado y una condición esencial para la vida democrática del país”; por lo que exhortó a todas las autoridades involucradas a actuar con absoluto apego normativo: “Cada institución tiene una responsabilidad distinta, pero todas tienen un deber común: actuar dentro de la Constitución y de la ley para que la voluntad ciudadana pueda expresarse libremente”.

Acompañada también por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto de Guzmán Bátiz García, así como de distintas autoridades electorales, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, de procuración y administración de justicia, dirigentes partidistas, integrantes del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, Taddei Zavala remarcó que “el INE no organiza elecciones para sí mismo, ni para los partidos ni para los actores políticos; todo nuestro trabajo tiene un destinatario: la ciudadanía”.

Asimismo, recordó que “una elección no existe para confirmar expectativas ni para garantizar resultados a nadie”, porque el resultado pertenece a las y los electores.

Ante la dimensión técnica-operativa del PEF, ratificó que “el Instituto Nacional Electoral está listo” y que “no parte de cero”, porque en cada elección hay una experiencia acumulada durante décadas. En ese contexto, puntualizó que “la confianza ciudadana en una institución electoral no se pide ni se decreta; se construye con decisiones consistentes, transparencia y profesionalismo”.

También Taddei Zavala dirigió un llamado a conducir la contienda electoral bajo las normas pactadas: “La competencia democrática exige respeto a las reglas, responsabilidad en el ejercicio de sus derechos y disposición para encauzar las diferencias por las vías institucionales”, pues, agregó, la efectividad del proceso “requiere que todo el entramado institucional del Estado mexicano cumpla con las responsabilidades que la Constitución le asigna”.

La ceremonia cívica fue amenizada por la Banda Sinfónica Indígena Ihuatzio, y los honores a la Bandera Nacional estuvieron a cargo de la Escolta y Banda de Guerra de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, campeones nacionales en su disciplina.

A la par, en todo el país, las 32 Juntas Locales y 300 Juntas Distritales, celebraron actos cívicos en acompañamiento y con motivo de las actividades que el Instituto está desplegando por el inicio de este Proceso Electoral Federal.

The post Organiza el INE elecciones para los ciudadanos: Guadalupe Taddei first appeared on El Independiente del Sureste.

Ciudad de México  10/09/2026
Redacción El Independiente del Sureste

En sesión urgente del Consejo General, con la que inició formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027, las consejerías coincidieron en que el Instituto Nacional Electoral (INE) está preparado para organizar las elecciones y conducir cada una de las actividades con apego a los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En sus intervenciones quedó claro que estos principios no son únicamente una declaración institucional, constituyen la base de todas las decisiones y actuaciones del INE. La legalidad obliga a actuar estrictamente conforme a la Constitución y las leyes; la independencia garantiza que las determinaciones se adopten sin presiones de poderes públicos, partidos políticos o intereses particulares; la imparcialidad exige un trato neutral y sin privilegios para ninguna fuerza política; y la máxima publicidad permite que los actos, acuerdos y resoluciones estén abiertos al conocimiento y al escrutinio de la ciudadanía.

De esta manera, el mensaje central de la sesión fue colegiado: el INE inicia el proceso electoral con reglas claras, capacidad técnica, presencia en todo el país y el compromiso de garantizar elecciones confiables, transparentes y apegadas a derecho.

Al cierre de la ronda de posicionamientos, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, llamó a la estructura electoral nacional a no dejarse influir por “malos augurios” y sostuvo que el compromiso de la autoridad electoral es entregar nuevamente resultados claros y confiables a la ciudadanía.

“Sin temor a equivocarme, puedo decir que estamos listos para cumplir nuestra función sin dejarnos amedrentar, coaccionar o intimidar por nadie; sin importar amenazas, presiones, señalamientos o posicionamientos externos”, aclaró.

En este contexto, reconoció el trabajo que realizan los Organismos Públicos Locales (OPL), las 32 Juntas Locales Ejecutivas y las 300 Juntas Distritales Ejecutivas, y señaló que la capacidad técnica, profesional y operativa del personal electoral constituye uno de los principales activos para enfrentar el proceso que inicia.

Taddei Zavala precisó que la autoridad electoral continuará trabajando para proporcionar resultados claros mediante los mecanismos previstos para la Jornada Electoral y subrayó que uno de los desafíos pendientes es fortalecer la aceptación de los resultados por parte de todas las fuerzas políticas y candidaturas.

“Que todas las mujeres y todos los hombres sepan que los votos cuentan, tanto en el ámbito local como en el federal, y que son esos votos los que definen el resultado de una elección”, estableció.

Llamó a la estructura electoral nacional a mantener el enfoque en su responsabilidad institucional y a no distraerse por factores externos, al sostener que “No rendimos cuentas a uno, dos o tres partidos políticos; rendimos cuentas a México entero”, y expresó su confianza en que el INE, los organismos electorales locales y las autoridades jurisdiccionales volverán a entregar buenos resultados al país durante el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Roberto Carlos Félix López rinde protesta ante el pleno

Durante la sesión, se tomó protesta a Roberto Carlos Félix López como Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva.

Ante el pleno, Félix López, quien se venía desempeñando como Director Ejecutivo de Organización Electoral, protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como desempeñar leal y patrióticamente la función encomendada.

The post Inicia INE Proceso Electoral 2026-2027 con certeza, legalidad e independencia first appeared on El Independiente del Sureste.

Ciudad de México  10/09/2026
Redacción El Independiente del Sureste

Con la atribución que la ley le otorga, la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, designó como Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva al Director Ejecutivo de Organización Electoral, Roberto Carlos Félix López, con efectos a partir de este 9 de septiembre de 2026.

Previo a su designación, se analizó detalladamente la trayectoria profesional y académica de Félix López, así como la compulsa entre la información contenida en su currículum vitae y las constancias que obran en el expediente, comprobándose que cumple cabalmente con los requisitos establecidos en la ley para ocupar dicho cargo.

Félix López es licenciado en Derecho y cuenta con una especialidad en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Hermosillo, A.C. Es doctor en Derecho por la Universidad de Baja California, además de contar con las especializaciones en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, y en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, ambas otorgadas por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Dentro del Instituto Nacional Electoral se ha desempeñado como Secretario Técnico de la Consejera Presidenta y en la Coordinación Estratégica del propio Instituto; asimismo, ocupó el cargo de Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva.

Cuenta también con experiencia previa en la administración electoral local, al haber sido Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, de noviembre de 2014 a marzo de 2020.

Por lo anterior, se consideró que la trayectoria de Félix López, tanto en la administración electoral estatal como en la estructura central del Instituto, constituye una garantía de que cuenta con los conocimientos y la experiencia necesarios para conducir las funciones de la Secretaría Ejecutiva.

Con la salida de Félix López de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Taddei Zavala designó a María del Carmen Colín Martínez como Encargada de Despacho de dicha Dirección Ejecutiva.

Colín Martínez se desempeñaba como Directora de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, por lo que cuenta con la experiencia necesaria para asumir esta nueva encomienda, gracias a una destacada trayectoria de varios años en diversos cargos dentro del entonces Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral.

The post Designan a Roberto Carlos Félix López como Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE first appeared on El Independiente del Sureste.

Ciudad de México  09/09/2026
Redacción El Independiente del Sureste

La Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, presentó ante la Consejera Presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei Zavala, su renuncia irrevocable al cargo, con efectos a partir del día de hoy, 9 de septiembre de 2026.

En su escrito de renuncia, dirigido a la Consejera Presidenta, Espino precisó que su decisión obedece a motivos de salud, orientados a procurar un sano equilibrio entre su desarrollo profesional y personal, ante el nivel de exigencia que implica la organización del Proceso Electoral Concurrente de 2026-2027, en el que se renovarán cargos federales y de las 32 entidades federativas.

“Considero que el nivel de exigencia que requiere la organización de una elección concurrente de los cargos federales y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federal y local 2026-2027, no me permite en estos momentos fortalecer mi vínculo personal y familiar”, señaló la funcionaria en el documento entregado a la presidencia del Consejo General.

Espino agradeció a la Consejera Presidenta haberla propuesto ante el pleno del Consejo General para ocupar la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría del Consejo General del Instituto, responsabilidad que le permitió cumplir con “una de mis más altas responsabilidades con aprendizajes significativos”, indicó.

La funcionaria concluyó su gestión al frente de la Secretaría Ejecutiva “con gratitud y satisfacción por el trabajo realizado”, y expresó un reconocimiento a las personas servidoras públicas del área que, con profesionalismo y compromiso institucional, contribuyeron al cumplimiento de las atribuciones encomendadas a dicha Secretaría.

Asimismo, manifestó su plena disposición para colaborar en las labores de transición correspondientes, con el propósito de evitar afectaciones en la operación de la Secretaría Ejecutiva y favorecer que ésta continúe desempeñando sus funciones con normalidad, profesionalismo y estricto apego a los principios que rigen la función electoral. Al cierre de su comunicación, Claudia Arlett Espino reiteró su respeto a la Consejera Presidenta y expresó su agradecimiento a la institución.

The post Renuncia Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE first appeared on El Independiente del Sureste.