Santiago Chablé Velázquez
22/09/2026

Quien hoy acude a un juzgado familiar para reclamar una pensión alimenticia, pedir la guarda y custodia de sus hijos o tramitar un divorcio tiene en el horizonte un cambio importante: juicios orales más ágiles y conducidos por personas juzgadoras capacitadas para ello. Ese cambio depende del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares [CNPCyF], aprobado en 2023 para unificar la justicia civil y familiar en todo el país. Sin embargo, su implementación enfrenta hoy un reto que no estaba previsto, una buena parte de los jueces y juezas que se capacitaron para aplicarlo ya no están en funciones.

El diagnóstico lo compartió el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, a un año de la llegada de las personas juzgadoras electas.

Durante la firma de un convenio de colaboración entre el INACIPE y el Senado, el legislador explicó que en los trabajos de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar se advirtió que la reforma judicial renovó prácticamente la totalidad de jueces y juezas en diecisiete poderes judiciales locales. Con ello, se perdió el capital humano que se había formado para implementar el nuevo código.

El señalamiento es valioso porque pone sobre la mesa un asunto que rara vez entra en la discusión pública. Las reformas a la justicia no ocurren de manera aislada, sino que se cruzan entre sí. Por eso, el éxito de cada una depende de las demás.

En entrevistas posteriores, el legislador planteó dos salidas. La primera, que los Comités de Evaluación verifiquen que quienes aspiren a participar en la elección judicial de 2028 acrediten conocimientos en la materia como parte de su idoneidad. La segunda, postergar hasta 2029 la entrada en vigor del CNPCyF, cuyo plazo vence actualmente en 2027.

Ambas propuestas apuntan en la dirección correcta. La primera fortalece la idoneidad técnica dentro del modelo de elección judicial, algo que la experiencia de 2025 demostró necesario. La segunda reconoce que la implementación de una reforma depende de las condiciones que dejan las demás.

Aplazar el Código Nacional solo será prudente si el tiempo adicional se use para capacitar a quienes hoy tendrán que aplicarlo, a quienes deberán hacerlo posteriormente, y no solo para mover una fecha.

El reto no es exclusivo de los estados. En lo federal, el Órgano de Administración Judicial [ÓAJ] reconoció, en su Acuerdo por el cual aprobó las medidas para mejorar el desempeño de los órganos jurisdiccionales, que 210,459 expedientes reportan algún tipo de rezago. Es decir, el 62.70% de los asuntos radicados en juzgados y tribunales están atrasados en su resolución.

Si bien un año no alcanza para atribuir esa cifra a la elección judicial, no podemos pasar por alto que la renovación amplia de la judicatura federal implica una curva de aprendizaje que, mientras dura, impacta en los tiempos de los juicios.

La elección de personas juzgadoras no fue diseñada para atender el rezago, el nepotismo; su propósito —en palabras de sus promotores— fue acortar la distancia entre la sociedad y los tribunales. Esos otros problemas requieren herramientas distintas. El ÓAJ propuso algunas medidas, pero no aborda la necesidad de contar con más recursos económicos, humanos y materiales. La judicatura requiere más órganos y más personal. Es una inversión que debe planearse y reflejarse en los presupuestos, los cuales deben incluir una garantía de irreductibilidad que impida recortarlos de un año a otro.

Hace falta un diagnóstico integral que no se limite a quienes encabezan los juzgados. Debe alcanzar las condiciones de trabajo del personal jurisdiccional y administrativo, y revisar en conjunto las normas que determinan cuánto tarda un juicio.

Como respuesta a la iniciativa de la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la entonces Escuela Federal de Formación Judicial realizaron mesas de trabajo para aportar un documento con propuestas que permitiera brindar soluciones a los problemas de la impartición de justicia. Un ejercicio similar podría encabezarlo hoy el Senado, a través de su Comisión de Justicia, junto con el ÓAJ y los poderes judiciales locales, antes de que se emita la convocatoria para la próxima elección judicial. Acercar la justicia a la gente es un objetivo que nadie discute. Alcanzarlo exige algo menos visible que una elección, que cada reforma se diseñe pensando en las demás. De ello depende que quienes esperan una sentencia de alimentos, de custodia o de divorcio no tengan que esperar más de lo necesario.

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Santiago Chablé Velázquez
25/08/2026

Este jueves 10 de septiembre inicia el proceso electoral federal 2026-2027. En este se renovará la totalidad de la Cámara de Diputaciones, la cual recordemos se integra por 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

A la par habrá comicios en las 32 entidades federativas. En 17 se renovarán gubernaturas; en 31, Congresos locales; y, en 30, ayuntamientos. Es decir, habrá elecciones en todo el país.

En lo que respecta a la elección federal, las precampañas están previstas para iniciar en la primera semana de enero de 2027. Por su parte, las campañas están contempladas para desarrollarse entre el 4 de abril y el 2 de junio. La famosa veda durará del 3 al 5 de junio y la jornada electoral tendrá lugar el 6 de junio. Finalmente, quienes resulten vencedores en la elección federal entrarán en funciones el 1 de septiembre de 2027.

En las entidades federativas las fechas varían. Por ejemplo, en la Ciudad de México y en Oaxaca —por mencionar algunas— el proceso electoral inició el 7 de septiembre. En otros estados, como Tabasco, la norma marca que deberá iniciar en octubre.

Las autoridades electorales entrarán a un proceso electoral sumamente complejo. Entre acusaciones de censurar a los partidos de oposición por los promocionales de “narcopartido” y ser permisivos con los procesos internos de Morena y sus aliados [Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México]. Además, el Instituto Nacional Electoral [INE] ha sido duramente cuestionado por la metodología para el monitoreo de radio y televisión [acusado de querer sancionar a periodistas] y, recientemente, el tema de las boletas planchadas.

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [TEPJF] también ha sido señalado de estar entregado a la coalición gobernante con motivo de diversas decisiones, tales como confirmar la negativa del uso del nombre “Somos México” y está en la mira de personas de la academia y organizaciones de la sociedad civil con motivo de la sentencia que confirmó la sobrerrepresentación de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” en 2024.

Casi un año de proceso electoral no es un trámite administrativo. Son meses en los que el INE y el TEPJF tomarán decisiones que definirán las condiciones de la competencia, mientras enfrentan acusaciones de sesgo desde direcciones opuestas. Porque en México, en palabras de quienes compiten, ganan a pesar del árbitro. Esa tensión no es motivo para desentendernos hasta la jornada del 6 de junio, sino la razón para seguir de cerca cada resolución y cada criterio que se emita en el camino.

Participar en una elección no se agota en el voto. Votar es el último acto de un proceso que, para entonces, ya habrá definido buena parte de sus condiciones. ¿Qué se permitió decir y qué se sancionó como calumnia? ¿Qué coaliciones lograron conformarse? ¿Qué partidos mantendrán el registro? ¿Cómo se resolvieron las quejas que unos y otros presentaron en el camino? Quien sólo vota el día de la jornada llega a decidir sobre una cancha que ya fue trazada sin su observación.

La ciudadanía informada, la academia que analiza las sentencias, las organizaciones que documentan irregularidades, la prensa que pregunta. Todos esos son actos de participación tan relevantes como la boleta, porque son los que, en los hechos, determinan si las autoridades responden ante alguien más que ante sí mismas.

La legitimidad de la elección de 2027 no se decide sólo en las urnas. Se construye, o se erosiona, en lo que ocurra entre el 10 de septiembre y el 1 de septiembre de 2027. Y en esa construcción, quedarse únicamente a esperar el día de la jornada electoral es también una forma de decidir no participar.

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Santiago Chablé Velázquez
25/08/2026

En las últimas semanas, tres personas consejeras electorales del Instituto Nacional Electoral [INE] han sido acusadas de querer inhibir el debate público. Se ha dicho que el árbitro electoral busca beneficiar a Morena y sus aliados, ocultado la verdad de los hechos evidentes.

¿Es así? Para responder, hay que entender primero qué es lo que el INE está aplicando, y desde cuándo.

La Constitución indica en su artículo 41 que la propaganda política o electoral que difundan los partidos y las candidaturas deberá abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Por tal infracción se entiende a la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en el proceso electoral.

El hecho de que la calumnia esté prevista en nuestra legislación obedece a que se busca proteger el derecho al honor o reputación de las personas, pero también a que la ciudadanía vote de manera informada.

Conforme a los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [TEPJF], para que se tenga por demostrado este ilícito deben demostrarse tres elementos: 1. Personal, esto es, quiénes pueden ser sancionados que, de forma ordinaria, son partidos políticos, coaliciones y candidaturas; 2. Objetivo, consistente en la imputación directa de un hecho o delito falso con impacto en algún proceso electoral; y 3. Subjetivo, consistente en que se imputa un hecho o delito a sabiendas de su falsedad (estándar de la real malicia o malicia efectiva) [Jurisprudencia 10/2024].

El segundo de los elementos no significa que solamente durante los procesos electorales pueda investigarse y sancionarse este tipo de conductas. Un claro ejemplo es que, aunque actualmente no estamos en periodo de elecciones, existen procedimientos iniciados por Morena en contra de Alejandro Moreno, el PRI y diversas personas debido a las acusaciones de que el partido gobernante tiene relaciones con el crimen organizado.

El profesor Adam Przeworski —un estudioso de la democracia y la economía política— expuso en su obra Las crisis de la democracia que “la parte perdedora obedece el dictamen de la justicia cuando cree que en casos futuros puede resultar ganadora” [2019, p. 186]. También menciona que “cuando los tribunales actúan de manera ostensiblemente partidaria, esa creencia resulta minada, por lo que recurrir a los tribunales constitucionales para que diriman cuestiones conflictivas resulta en vano” [p. 186].

Lo anterior es importante mencionarlo porque los criterios que está aplicando el personal del INE en los casos actuales no se crearon en los últimos meses ni obedecen al contexto político actual, sino que tienen varios años aplicándose. Así, desde hace mucho tiempo el TEPJF dijo que los partidos políticos pueden denunciar la calumnia. Y que, en ocasiones, pueden hacerlo cuando se afecte a alguna de sus candidaturas [Tesis V/2024].

De igual forma, la Sala Superior del TEPJF resolvió en un caso que la alusión de vínculos de un partido o persona con el crimen organizado podría constituir calumnia [SUP-REP-685/2024]. En aquella ocasión el PRI promovió una queja contra Movimiento Ciudadano porque el partido naranja pautó un promocional en el que acusó que “Añorve saqueaba Guerrero y lo entregaba al crimen organizado”.

De igual manera, la Sala Superior confirmó que la expresión “narco partido” constituye calumnia cuando la imputación de asociación entre Morena y el crimen organizado se hace sin que existan pruebas para sustentar la acusación [SUP-REP-825/2024]. Ahora, los criterios no piden demostrar plenamente el señalamiento, sino que la propaganda esté respaldada por elementos que demuestren que no es una acusación sin fundamento. Esto, porque el ciudadano es quien recibirá el mensaje y, a partir de este, se formará un criterio propio sobre las fuerzas políticas.

Como podemos observar, el INE no está censurando o inhibiendo el debate público, sino aplicando la ley y la interpretación que esta ha hecho la máxima autoridad judicial en materia electoral [el TEPJF]. Considero importante poner el foco sobre esto porque son decisiones que se aplicaron en procesos electorales anteriores, sin importar quien estuviera promoviendo la queja o a quien se sancionó [como es el caso de la queja PRI vs MC]. De ahí la importancia sobre la predictibilidad de lo que resuelvan los tribunales. Lo anterior ni significa que no podamos cuestionar estas resoluciones. Criticarlas desde la academia, la sociedad civil e incluso las fuerzas políticas es parte de la pluralidad democrática. Pero debemos ser cautelosos con las acusaciones que minan la legitimidad de las instituciones, porque una cuestión es señalar las debilidades del argumento jurídico y otra tachar de corrupta a una persona juzgadora o consejera electoral sin tener las pruebas de ello.

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Santiago Chablé Velázquez

El proceso electoral 2026-2027 ya tiene fecha de inicio: 10 de septiembre. De cara a esa fecha es importante tener conocimiento y contexto de lo que permiten y prohíben las leyes y las autoridades electorales que las aplican.

Los partidos políticos son la vía institucional con que cuentan las personas para incursionar en la vida pública del país. Mediante estos, cualquier persona mayor de 18 años puede ocupar un cargo de elección popular en Ayuntamientos, Congresos o la titularidad del Poder Ejecutivo.

Lo anterior implica que los partidos, y quienes los integran, tienen la constante labor de hacer política. Salir a las calles a convencer sobre por qué sus plataformas y sus gobiernos son lo mejor, ya sea para continuar gobernando o para alternar a sus adversarios en la ostentación del poder.

En el deber ser, el trabajo de las dirigencias partidistas es constante. Si bien las elecciones son cada tres, cuatro o seis años, en el intervalo se requiere la construcción de estructuras que permitan el convencimiento de la población de cara a la siguiente jornada electoral. Para la ejecución de esa labor se requieren bases, de ahí que el Legislativo, como creador de las normas, establezca en estas las reglas de qué sí, qué no y cómo deben operar los partidos políticos.

Entre las reglas introducidas por el legislador está la de los tiempos en que los partidos políticos, sus dirigencias y personas afiliadas pueden desplegar actos de proselitismo. Así, llegó a la ley la regulación de lo que son las campañas electorales, la propaganda que puede difundirse durante esta, cómo deben comprobarse los recursos que el Estado brinda para que las actividades proselitistas puedan realizarse, entre otras.

En la legislación también se estableció que, fuera de ese periodo, los partidos políticos no pueden hacer llamados a votar en su favor. Se contempló entonces la prohibición de realizar actos anticipados, de precampaña o campaña.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos dice que los actos anticipados de precampaña son “las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura” [artículo 3, párrafo 1, inciso b)].

Por su parte, los actos anticipados de campaña son “los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido” [artículo 3, párrafo 1, inciso a)].

La finalidad de este blindaje es que todas las personas y partidos que participen en las elecciones lo hagan a partir de un piso parejo. Que nadie tenga una ventaja indebida sobre el resto de los competidores. Quien actúe contraviniendo esa equidad incurriría en una conducta contraria a la ley.

Ahora, para hacer más efectiva esta regulación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que hay actos anticipados de precampaña o campaña cuando se cumplen tres elementos: el personal, el temporal y el subjetivo. Solamente cuando se dan los tres podría decirse que se produjo un ilícito.

El primer elemento requiere que se identifique a una persona o partido. Es decir, que sea visible en su voz, imagen o nombre a quien busca beneficiarse.

El segundo necesita que la acción sea antes de los plazos legales. Conforme a la jurisprudencia, los actos anticipados de precampaña o campaña pueden darse antes de iniciar incluso los procesos electorales.

Por último, el elemento subjetivo es el más complejo. Nos dice el Tribunal Electoral que debe contener un llamado expreso al voto, pero también puede darse mediante equivalentes funcionales —que del mensaje puede deducirse que se está pidiendo apoyar o votar a una persona o fuerza política—. Pero, además, ese mensaje debe trascender a la ciudadanía y evaluarse el contexto en que se emite.

En las siguientes entregas hablaremos un poco más sobre las reglas de los procesos electorales, el actuar de las autoridades y cómo, en ocasiones, existe una tensión entre estas y los trabajos que desarrollan quienes se dedican a la política. De cara al 2027 es importante que todas, todos y todes nos involucremos en la construcción de una jornada electoral que definirá la segunda mitad del sexenio 2024-2030.

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Santiago Chablé Velázquez

En la entrega anterior contamos cómo, audiencia tras audiencia, las instituciones de impartición de justicia han entorpecido el acceso de la persona de apoyo de Elena. Esa que, cuando se requiere, le explica lo que dice el juez, le recuerda lo que ya declaró, traduce al lenguaje cotidiano lo que el expediente dice en lenguaje jurídico.

Vale la pena detenerse en esa figura, porque no es un trámite ni una cortesía, sino que es la facilitadora para que Elena pueda, en los hechos, hablar por sí misma en un juicio.

Conforme a los tratados internacionales, los países deben asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en los juicios. Esto es, que puedan actuar conforme a su voluntad y preferencia durante la sustanciación de los procesos en los que participen.

Las personas de apoyo son un ajuste al procedimiento que garantizan la debida comunicación entre los tribunales y las personas con discapacidad. La finalidad de los ajustes al procedimiento es que sus destinatarios participen en las mismas condiciones que el resto de las personas durante la tramitación de estos.

En la práctica, esto puede ser tan simple como que el juez pregunte en un lenguaje que Elena entienda, en vez de fórmulas jurídicas, o tan necesario como una pausa cuando ella olvida un dato relevante y necesita que se lo recuerden antes de continuar. Nada de esto ocurre automáticamente, depende de que la autoridad reconozca, primero, que existe una barrera. Y ese reconocimiento es precisamente lo que ha fallado en el caso de Elena.

La Suprema Corte [el tribunal de mayor rango en el país en cuanto a defensa de derechos] emitió un protocolo para juzgar los casos en los que se involucren personas con discapacidad. Ahí dijeron que, para implementar los ajustes al procedimiento, las personas juzgadoras deben conocer las barreras que afectan a las personas con discapacidad en cuanto acceso a la justicia. Con eso, los jueces podrán ordenar que los ajustes sean adecuados para la situación concreta.

Lo anterior significa que no todas las personas con discapacidad requerirán la participación de una persona de apoyo que les asista durante un juicio.

Cabe hacerse las preguntas: ¿quién decide que alguien necesita una persona de apoyo? ¿Qué impide que esa misma figura se use en su contra? El riesgo existe. Una autoridad con prejuicios podría exigir la presencia de una persona de apoyo no para facilitar la comunicación, sino para sembrar duda sobre la fiabilidad de lo que la persona declara, como si necesitar ayuda para comunicarse equivaliera a no poder decir la verdad. Por eso importa que esa determinación no dependa de una suposición sobre la discapacidad, sino de la barrera concreta que el protocolo de la Suprema Corte obliga a identificar caso por caso.

Así, las personas de apoyo son necesarias para suministrar información de manera comprensible a la persona con discapacidad que participa en el juicio y que esta, a su vez, comunique su voluntad. En ese sentido, las personas de apoyo hacen posible el acceso a la justicia.

Las dificultades que ha experimentado Elena nos arrojan un hecho que no debe invisibilizarse. La justicia en nuestro país está pensada por y para personas sin discapacidad.

Las personas de apoyo no son una graciosa concesión del Estado para las personas con discapacidad. Son algo más que el cumplimiento de un compromiso internacional. Son la puerta de entrada a una justicia equitativa para todas y todos.

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Santiago Chablé Velázquez

Elena es una mujer con discapacidad psicosocial que necesita, para ejercer su capacidad jurídica, la asistencia de una persona de apoyo. Un derecho reconocido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Elena está involucrada en varios procesos jurisdiccionales y penales. En el último año, ese derecho le ha sido negado, a medias o del todo, tanto por jueces de carrera judicial como por jueces electos por voto popular.

Ahí está, en un solo caso, la pregunta que debería hacerse un año después de la primera elección judicial: ¿de verdad se acercó la justicia a las personas, o solo cambiamos quién ocupa la banca mientras el trato hacia quienes más la necesitan sigue intacto?

El discurso de la reforma prometía tribunales más accesibles y un sistema más comprensible para la gente. La promesa implícita era que elegir a las juzgadoras y juzgadores corregiría, o al menos aliviaría, esa distancia. El caso de Elena permite ponerla a prueba.

La tarea de la persona de apoyo es acudir a todas las audiencias o actuaciones que lleven a cabo las autoridades, tanto ministeriales como las personas juzgadoras. Una vez ahí, podrá simplificar la comunicación entre Elena y las autoridades. Esta persona deberá brindar soporte y orientación. Es una forma de contención emocional y de soporte de memoria porque, con motivo de su discapacidad, Elena olvida en ocasiones cuestiones relevantes que son necesarias para seguir con las audiencias.

Ante tal panorama, lo lógico es que la persona de apoyo de Elena esté presente desde el inicio de las audiencias. Se facilite su acceso o asistencia. Por tal motivo, se requieren ajustes al procedimiento que garanticen a Elena un óptimo acceso a la justicia.

La lógica parece no estar presente en el caso de Elena. Y no ha sido una sola vez.

Ha habido de todo un poco. Desde audiencias que empezaron y se interrumpieron porque no estaba presente la persona de apoyo, hasta aquellas que, en el transcurso de esta, se dijo que ya podía ingresar la persona de apoyo. También se dio el caso de un juez que ni siquiera permitió su acceso y amenazó con sacar incluso a los abogados de Elena porque no los consideraba apropiados para el desarrollo del procedimiento.

Nada de esto ocurre en un vacío normativo. La Suprema Corte cuenta con protocolos de actuación para juzgar con perspectiva de discapacidad. México firmó y ratificó la Convención hace más de una década. Lo que falta no es la norma, sino la voluntad y la formación para aplicarla. Algo que ni una elección ni una carrera judicial garantizan por sí solas.

Elena no es sólo un caso más dentro del sistema de impartición de justicia. Si lo extrapolamos, puede ser la realidad que enfrentan miles de personas con discapacidad al momento de acudir a los tribunales o a las agencias del ministerio público.

La respuesta que da el caso de Elena es incómoda: no se está acercando la justicia a las personas. La elección de jueces no alivia las tensiones que hay en la impartición de justicia.

Los jueces que la han hecho esperar, que han amenazado con sacar a sus abogados, que se resisten a dejar entrar a su persona de apoyo, no llegaron ahí por herencia del viejo sistema. Algunos fueron votados en la boleta que iba a corregir precisamente eso. La reforma cambió el mecanismo de acceso al cargo, pero no tocó el criterio con el que se ejerce. Y esa es la distancia que las Elenas del país siguen midiendo, audiencia por audiencia.

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Santiago Chablé Velázquez

En las últimas semanas se discutió mucho respecto de los ajustes necesarios para el proceso electoral judicial de 2027. El principal punto fue el aplazamiento de la jornada debido a su incompatibilidad con los procesos de partidos políticos. El tema llegó hasta la mañanera y acabó con la iniciativa que mandó la presidenta de la República al Congreso de la Unión.

En los días que están por venir habrá un periodo legislativo extraordinario. Sin embargo, la premura por reformar la Constitución en materia de la elección de personas juzgadoras está dejando un saldo pendiente: todavía no existen las mejores condiciones para concretar la segunda parte de la reforma judicial electoral.

La iniciativa de la presidenta es acertada al modificar la fecha de la elección. No obstante, no se hace cargo de diversos problemas operativos que dejó ver el proceso electoral judicial de 2025.

Hay aspectos que generan preocupación, como hacer coincidir la renovación de la judicatura con la revocación de mandato y con los procesos electorales locales de 2028. Esto podría resultar inviable debido a la naturaleza diferenciada de los comicios y de los ejercicios de democracia directa.

Por otro lado, la propuesta eleva a rango constitucional el diseño de los distritos judiciales electorales y de la boleta para emitir el voto. Ello limita el margen de actuación de las autoridades electorales, pues la organización deberá ajustarse a propuestas previamente definidas que podrían no tomar en cuenta las características particulares de la geografía electoral inherente a los procesos judiciales.

Lo primordial no solamente es aplazar la elección de personas juzgadoras, sino también ajustar las reglas de los comicios judiciales. La premura con la que se organizó la elección de 2025 evidenció distintas áreas de mejora y es indispensable atenderlas.

Lo deseable es que se conjunten las distintas propuestas y se apruebe una reforma que facilite la elección judicial a partir de datos objetivos y de ejercicios de parlamento abierto. Hasta ahora, una de las iniciativas con mayores aciertos es la presentada por el senador Javier Corral, la senadora Susana Harp, el diputado Ramírez Cuéllar y otras personas integrantes de los grupos parlamentarios de Morena en el Congreso.

En ella se propuso el aplazamiento de la elección, encargar la emisión de la convocatoria al INE y la instalación de un único Comité de Evaluación asistido por la Escuela Nacional de Formación Judicial. Asimismo, atendía la antinomia relacionada con la elección de la presidencia de la Suprema Corte y respetaba la libertad de las entidades federativas para organizar sus procesos locales.

Todo parece indicar que se aprobará la iniciativa presidencial en sus términos. Habrá más tiempo para ajustar las reglas de la elección judicial y construir un proceso más funcional, pero para ello se requiere voluntad política de todas las fuerzas involucradas. En tanto continúe la elección de personas juzgadoras por voto popular, debemos buscar incidir para que lleguen los mejores perfiles. Y para lograrlo necesitamos la reforma más adecuada, no una que únicamente parche lo aprobado en 2024.

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SANTIAGO CHABLE VELAZQUEZ

Concluyó el procedimiento de designación de las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Tras un mes intenso, el pasado 21 de abril, la Cámara de Diputados Federal designó a Blanca García Cruz, Frida Gómez Puga y Arturo Chávez López, como los nuevos integrantes del máximo órgano de dirección de la autoridad administrativa electoral.

La mayoría calificada se logró tras un día de negociaciones entre los grupos parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Precisamente durante ese día se manejaron diferentes versiones sobre quiénes eran las personas que contaban con los consensos necesarios para integrarse al INE.

Lo anterior nos evidencia la carga política que tienen estos procesos y la necesidad de evaluarlos a partir de esa naturaleza. Ello, porque mucho se dice sobre los perfiles de las personas que llegaron a las quintetas y las personas que finalmente fueron designadas.

La participación en procesos de designación como el que vimos implica, por sí misma, formar parte de un acuerdo político. Pensar lo contrario sería desconocer la lógica constitucional bajo la cual se integran los órganos autónomos en nuestro país.

El problema no es la existencia de lo político en estos procesos. El problema sería negar su presencia o pretender sustituirlo por una narrativa de neutralidad absoluta que no se sostiene en la realidad institucional.

La Constitución diseñó un modelo en el que conviven dos dimensiones: una técnica, que busca asegurar perfiles idóneos mediante evaluaciones, y una política, que materializa la decisión final a través de los órganos de representación democrática.

Reducir la discusión a una supuesta “captura” automática de la autoridad electoral por el hecho de que exista negociación política implica simplificar un proceso mucho más complejo. La independencia no se presume ni se cancela en el momento de la designación; se construye y se demuestra en el ejercicio cotidiano de la función.

Por ello, el estándar de exigencia no debe agotarse en el origen del nombramiento, sino trasladarse al desempeño.

Será en las decisiones que adopten, en la manera en que conduzcan los procesos electorales y en la forma en que ejerzan sus atribuciones, donde las nuevas consejerías deberán acreditar su compromiso con la Constitución y la ciudadanía.

Esto no significa renunciar a la crítica. Al contrario, implica elevarla. Exigir procesos cada vez más transparentes, fortalecer los filtros técnicos y ampliar los mecanismos de participación ciudadana son tareas pendientes que deben seguir en la agenda pública.

Pero esa exigencia debe partir de una comprensión clara del modelo institucional que nos rige.

La integración del INE no es ajena a la política. Nunca lo ha sido. La diferencia radica en cómo se ejerce esa política: si como un espacio de responsabilidad institucional o como una lógica de reparto.

A pocas semanas de la designación, el reto no es seguir discutiendo si el proceso debió o no ser político. El reto es otro: vigilar, evaluar y exigir que quienes hoy integran el Consejo General honren la función que les fue encomendada.

Porque, al final, la legitimidad del árbitro electoral no se define en una negociación, sino en cada decisión que impacta la vida democrática del país.

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13/04/2026

En la última reflexión que compartí con ustedes abordamos el procedimiento que seguirá la Cámara de Diputaciones para designar a las tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la salida de las exconsejeras Beatriz Claudia Zavala Pérez, Dania Paola Ravel Cuevas y el exconsejero Jaime Rivera Velázquez.

En un primer momento tuvimos la inscripción. Posteriormente, llegó la valoración de la documentación para determinar qué personas cumplían con los requisitos y pasaban a la etapa del examen de conocimientos.

Esto sucedió el pasado 6 de abril. El jueves 9, casi a medianoche, se reveló la lista de las personas con las mejores calificaciones que pasan a la evaluación de la idoneidad.

En esta siguiente fase se abre la oportunidad de que la ciudadanía participe a través de opiniones sobre de las personas aspirantes. Asimismo, podremos formular preguntas que podrían ser seleccionadas por parte de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación para la etapa de las entrevistas.

Estos ejercicios posibilitan que ejerzamos nuestra voz en procedimientos tan importantes como la selección de quienes conformarán al árbitro electoral.

El INE no solamente es el encargado de proporcionarnos nuestra credencial para votar, también coordina el Sistema Nacional Electoral al participar en la designación de las consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales, fiscalizar los recursos de partidos políticos y campañas, y administrar los tiempos de radio y televisión de los partidos políticos, entre otras actividades.

Quienes deseen participar deberán ingresar al micrositio https://convocatoriaine2026.diputados.gob.mx/. Ahí encontrarán dos apartados correspondientes a opinión ciudadana y a pregunta ciudadana.

En lo concerniente a quienes pasaron a la siguiente etapa, es importante investigar sobre los perfiles que se someterán a la valoración de la idoneidad.

Destacan las calificaciones de exconsejeros y consejeros de los estados, tales como Bernardo Valle Monroy y Ernesto Ramos Mega, ambos de Ciudad de México.

Por el lado de las mujeres encontramos perfiles como la consejera de la Ciudad de México, Sonia Pérez Pérez, o la jefa de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra Alejandra Tello Mendoza, quien además se encuentra entre las diez calificaciones más altas.

Por último, quienes deseen más información pueden consultar el sitio del especialista en derecho electoral Francisco Rojas (https://www.rojaschoza.net/designacion-ine-2026). Si bien aún existen retos en términos de accesibilidad a la información, los recursos mencionados permiten dar seguimiento a un procedimiento que no debería pasar desapercibido. Porque la integración del INE no es un asunto menor ni exclusivo de los actores políticos. De ella depende, en buena medida, la calidad de nuestras elecciones y la confianza en las instituciones. Involucrarnos, informarnos y participar no es opcional: es parte de la responsabilidad ciudadana en una democracia que se construye todos los días.

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El 04 de abril acaban su encargo las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel, así como el consejero Jaime Rivera.

Durante 9 años fueron parte importante de decisiones que son base de nuestro sistema político-electoral, como la paridad en gubernaturas, la confección de acciones afirmativas que fortalecieron la participación de sectores de la población históricamente discriminados, las reglas de la elección judicial, entre otros casos.

El desempeño de las consejerías mencionadas no estuvo exento de críticas. Un árbitro independiente es consciente de que su voto en uno u otro sentido puede acarrear la insatisfacción de diversos sectores de la sociedad o de la élite política.

Las consejeras y el consejero asumieron ese riesgo a lo largo de estos años de manera ejemplar. Su labor en la denominada herradura de la democracia merece un reconocimiento, incluso por parte de quienes no acompañaron su trabajo porque, no puede negarse, fue uno técnico y apegado al marco constitucional y legal.

Ahora, empieza el relevo. La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputaciones publicó la convocatoria para seleccionar a las tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE).

Del 23 al 27 de marzo estará habilitado el micrositio para la inscripción correspondiente. Quienes se registren serán valorados por parte del Comité Técnico de Evaluación, el cual deberá instalarse a más tardar el mismo 27 de marzo.

Debido a la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, en esta ocasión el mencionado Comité será integrado por cinco personas. Tres designadas por la Cámara y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Serán ellas las encargadas de remitir la lista de aspirantes a la JUCOPO una vez hecha la evaluación, misma que incluye la revisión curricular de los aspirantes, la aplicación de un examen y entrevistas.

Hecho lo anterior, será el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados la que mande las propuestas a la Mesa Directiva para que el Pleno elija, a más tardar el 22 de abril, a las nuevas consejerías del INE.

Si no se logran los consensos, la insaculación deberá hacerse el 28 de abril. En caso de que tampoco suceda eso, será el Pleno de la Suprema Corte el que lo haga a partir del 29 de abril.

Esa será la ruta que seguirá la renovación de las personas integrantes del máximo órgano de dirección del árbitro electoral. Tenemos la forma, pero el fondo es importante.

Quienes se inscriban deben hacerlo con el compromiso de que requerimos una autoridad imparcial, que continúe con el trabajo técnico que ha caracterizado a la función electoral.

Tal compromiso no solamente aplica a las personas aspirantes sino también a quienes formarán parte del Comité de Evaluación y a las diputadas y diputados.

La transición pacífica del poder en México y la satisfacción con nuestra democracia empiezan con la selección de perfiles idóneos. Serán las nuevas consejerías quienes tendrán a su cargo, junto con el resto de los y las integrantes del Consejo General, la organización de las elecciones de 2027, la verificación de requisitos para el registro de nuevos partidos políticos, la elección judicial y la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum. Debemos seguir de cerca este procedimiento. No como espectadores, sino como parte activa de una ciudadanía que exige árbitros imparciales, técnicos y comprometidos. Porque de esa decisión depende, en buena medida, la confianza pública en la democracia que queremos sostener.

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