Santiago Chablé Velázquez
22/09/2026
Quien hoy acude a un juzgado familiar para reclamar una pensión alimenticia, pedir la guarda y custodia de sus hijos o tramitar un divorcio tiene en el horizonte un cambio importante: juicios orales más ágiles y conducidos por personas juzgadoras capacitadas para ello. Ese cambio depende del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares [CNPCyF], aprobado en 2023 para unificar la justicia civil y familiar en todo el país. Sin embargo, su implementación enfrenta hoy un reto que no estaba previsto, una buena parte de los jueces y juezas que se capacitaron para aplicarlo ya no están en funciones.
El diagnóstico lo compartió el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, a un año de la llegada de las personas juzgadoras electas.
Durante la firma de un convenio de colaboración entre el INACIPE y el Senado, el legislador explicó que en los trabajos de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar se advirtió que la reforma judicial renovó prácticamente la totalidad de jueces y juezas en diecisiete poderes judiciales locales. Con ello, se perdió el capital humano que se había formado para implementar el nuevo código.
El señalamiento es valioso porque pone sobre la mesa un asunto que rara vez entra en la discusión pública. Las reformas a la justicia no ocurren de manera aislada, sino que se cruzan entre sí. Por eso, el éxito de cada una depende de las demás.
En entrevistas posteriores, el legislador planteó dos salidas. La primera, que los Comités de Evaluación verifiquen que quienes aspiren a participar en la elección judicial de 2028 acrediten conocimientos en la materia como parte de su idoneidad. La segunda, postergar hasta 2029 la entrada en vigor del CNPCyF, cuyo plazo vence actualmente en 2027.
Ambas propuestas apuntan en la dirección correcta. La primera fortalece la idoneidad técnica dentro del modelo de elección judicial, algo que la experiencia de 2025 demostró necesario. La segunda reconoce que la implementación de una reforma depende de las condiciones que dejan las demás.
Aplazar el Código Nacional solo será prudente si el tiempo adicional se use para capacitar a quienes hoy tendrán que aplicarlo, a quienes deberán hacerlo posteriormente, y no solo para mover una fecha.
El reto no es exclusivo de los estados. En lo federal, el Órgano de Administración Judicial [ÓAJ] reconoció, en su Acuerdo por el cual aprobó las medidas para mejorar el desempeño de los órganos jurisdiccionales, que 210,459 expedientes reportan algún tipo de rezago. Es decir, el 62.70% de los asuntos radicados en juzgados y tribunales están atrasados en su resolución.
Si bien un año no alcanza para atribuir esa cifra a la elección judicial, no podemos pasar por alto que la renovación amplia de la judicatura federal implica una curva de aprendizaje que, mientras dura, impacta en los tiempos de los juicios.
La elección de personas juzgadoras no fue diseñada para atender el rezago, el nepotismo; su propósito —en palabras de sus promotores— fue acortar la distancia entre la sociedad y los tribunales. Esos otros problemas requieren herramientas distintas. El ÓAJ propuso algunas medidas, pero no aborda la necesidad de contar con más recursos económicos, humanos y materiales. La judicatura requiere más órganos y más personal. Es una inversión que debe planearse y reflejarse en los presupuestos, los cuales deben incluir una garantía de irreductibilidad que impida recortarlos de un año a otro.
Hace falta un diagnóstico integral que no se limite a quienes encabezan los juzgados. Debe alcanzar las condiciones de trabajo del personal jurisdiccional y administrativo, y revisar en conjunto las normas que determinan cuánto tarda un juicio.
Como respuesta a la iniciativa de la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la entonces Escuela Federal de Formación Judicial realizaron mesas de trabajo para aportar un documento con propuestas que permitiera brindar soluciones a los problemas de la impartición de justicia. Un ejercicio similar podría encabezarlo hoy el Senado, a través de su Comisión de Justicia, junto con el ÓAJ y los poderes judiciales locales, antes de que se emita la convocatoria para la próxima elección judicial. Acercar la justicia a la gente es un objetivo que nadie discute. Alcanzarlo exige algo menos visible que una elección, que cada reforma se diseñe pensando en las demás. De ello depende que quienes esperan una sentencia de alimentos, de custodia o de divorcio no tengan que esperar más de lo necesario.
