- Advierte que no existen pruebas, fundamentos ni urgencia legal que justifiquen la medida cautelar solicitada contra el mandatario y los otros nueve funcionarios de Sinaloa
Ciudad de México 01/05/2026
Redacción El Independiente del Sureste
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) fijó una postura firme frente a la solicitud del gobierno de Estados Unidos para detener con fines de extradición a diez ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al advertir que no existen pruebas, fundamentos ni urgencia legal que justifiquen la medida cautelar solicitada.
En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) en la Fiscalía General de la República (FGR), Raúl Armando Jiménez Vázquez aseguró: “No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”.
Sostuvo que “no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar” y advirtió que “la difusión pública de la información base de este pedimento pone el riesgo el debido proceso”,
El pasado miércoles, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una denuncia formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, por los delitos de tráfico de drogas y conexos con armas ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Ese mismo día, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, informó que el pasado 28 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había recibido del gobierno de Estados Unidos, las solicitudes de detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza y otros nueve funcionarios sinaloenses.
Raúl Armando Jiménez dio a conocer la posición de la FGR con un alto contenido jurídico y político, donde precisó que la petición, canalizada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no constituye un proceso formal de extradición, sino una solicitud de detención provisional, cuya autorización está sujeta a estándares estrictos previstos en el marco legal mexicano e internacional.
Subrayó que, conforme al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos y la Ley de Extradición Internacional, este tipo de medidas implica una restricción a derechos humanos, por lo que solo pueden concederse si existen pruebas sólidas y elementos que acrediten la urgencia de la acción, condición que —afirmó— no se cumple en este caso.
Tras analizar el pedimento formulado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la FGR concluyó que no hay referencia, motivo ni evidencia que sustente la necesidad inmediata de detener a los implicados.
y otros nueve funcionarios sinaloenses ,
Más aún, advirtió que el expediente carece de pruebas anexas que permitan inferir la comisión de un delito que amerite una acción cautelar de carácter urgente, lo que debilita jurídicamente la solicitud y abre cuestionamientos sobre su viabilidad legal.
El fiscal Raúl Armando Jiménez también alertó que la difusión pública de información vinculada al caso podría comprometer el debido proceso, en un contexto de alta sensibilidad política y judicial.
Ante este escenario, dijo que la FGR solicitará, a través de la Cancillería mexicana, que las autoridades estadounidenses remitan información complementaria, pruebas, argumentos y documentos que permitan evaluar de manera integral la solicitud conforme al marco legal vigente.
Precisó: “La Fiscalía General de la República enviará una comunicación a la cancillería para que se solicite a la autoridad requirente todas las pruebas, argumentos, informantes, documentos que sean necesarios por las vías que garanticen la confidencialidad de la información para que la fiscalía esté en aptitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento de carácter institucional”
De manera paralela, dejó claro que en territorio nacional se desarrollan investigaciones propias sobre los hechos referidos, bajo los principios del Estado de derecho y la jurisdicción mexicana.
El posicionamiento de la Fiscalía no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también políticas. Al recalcar que “nada ni nadie está por encima de la ley”, la institución envía un mensaje de defensa de la soberanía y de autonomía en la procuración de justicia frente a presiones externas.
La postura se inscribe en un contexto de tensión bilateral, donde el gobierno mexicano ha insistido en que cualquier acción judicial debe sustentarse en pruebas contundentes y respetar los procedimientos establecidos.
La solicitud de detención involucra a funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con actividades ilícitas. Sin embargo, la falta de sustento probatorio, según la FGR, impide avanzar en medidas que afecten derechos fundamentales sin una base legal sólida.
El pronunciamiento de la FGR marca un punto de inflexión en la relación judicial México–Estados Unidos: no habrá cooperación automática sin evidencia, lo que redefine los límites entre colaboración internacional y respeto a la soberanía nacional.
