Santiago J. Chablé Velázquez
Tenemos un primer adelanto de la reforma electoral que presentó la presidenta de la República al Congreso de la Unión.
Hay aspectos a tomar en cuenta y otros que implicarían comprometer los estándares de calidad de nuestra democracia.
Empecemos por aquellos aspectos que significarían una mejora, como la inclusión de otros mecanismos de democracia participativa.
La propuesta es agregar el referéndum y el plebiscito. Ambos tienen como finalidad dotar de más herramientas a la ciudadanía para involucrarse tanto en la adopción de políticas públicas como en la aprobación de normas por parte de los Congresos.
De igual manera, se plantea fortalecer las capacidades del Instituto Nacional Electoral (INE) para fiscalizar los recursos de los partidos políticos y las candidaturas. Ello, a partir de su acceso a las operaciones financieras de los sujetos obligados y la prohibición de las aportaciones en efectivo.
Ahora, lo anterior significa que las autoridades electorales tendrán más atribuciones relacionadas con la organización de los procesos de democracia participativa y el incremento de la vigilancia de los recursos destinados a campañas electorales. Pese a ello, la propuesta de la presidenta Sheinbaum contempla la reducción del 25% del costo de las elecciones a partir de recortes a los árbitros y partidos políticos.
Justamente eso último podría comprometer el desarrollo de los procesos electorales.
Las elecciones en México tienen un costo elevado porque están sustentadas en la desconfianza. Desde que tengo uso de razón, se dice que se gana a pesar del árbitro y se pierde por tener el árbitro en contra. Esta narrativa ha dañado tanto a las autoridades electorales como a la competencia en sí misma.
No se trata de no señalar las irregularidades que pudo haber, sino que además del discurso incendiario le demos los cauces institucionales adecuados y nos adaptemos a las reglas existentes. Aceptarlas, incluso cuando el resultado no nos guste.
No es viable pretender asignar más funciones al INE, a los Organismos Públicos Electorales Locales y a los tribunales electorales y, en el camino, recortarles recursos. Para una reingeniería de las autoridades se requiere de un estudio adecuado, de escuchar la opinión de expertos y expertas en la materia para dimensionar qué sí y qué no puede reducirse.
Eso me lleva a otra propuesta que podría afectar la calidad de nuestra democracia. Tras escuchar a expertos como la magistrada Gabriela Villafuerte, el maestro Adrián Pérez Carrillo, Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva, así como a consejerías del propio INE, llegué a la convicción de que desaparecer el Programa de Resultados Electorales Preliminares sería un retroceso.
Durante las conferencias en las que se habló de la reforma electoral se planteó la posibilidad de eliminar el famoso PREP. Esto, porque los cómputos distritales iniciarían la misma noche de la elección.
Pero, como bien apuntó la magistrada Villafuerte en sus redes sociales: “conteos rápidos, los PREP y cómputos tienen su razón de ser y existir, tienen diferentes propósitos que no se duplican ni triplican; lo más importante es que NO SON instrumentos de las autoridades electorales, SON herramientas de la ciudadanía para saber y conocer el destino de sus votos, SON, en su conjunto, un derecho político electoral de carácter instrumental que debe estar blindado por el artículo 1 de la Constitución; por tanto, eliminar cualquiera anularía el principio de progresividad de los derechos humanos”.
Estas palabras me permiten ir concluyendo la reflexión que comparto con ustedes.
Toda reforma electoral, además de nacer en la medida de lo posible del consenso entre las fuerzas políticas, debe atender al grado de satisfacción ya alcanzado en ciertos derechos. Por tanto, disminuir su goce implicaría ir en contra de los acuerdos políticos alcanzados y plasmados en la Constitución de nuestro país.
Y eso no fortalece la democracia, erosiona su desarrollo.
No puedo dejar de mencionar que, mientras escribo estas líneas, seguimos sin conocer la versión final del texto que será enviado a las Cámaras. Estamos ante una discusión inacabada, que debemos seguir teniendo para mejorar no solamente la calidad de nuestras elecciones, sino de la política mexicana en sí misma.
