JOSE CHABLE RUIZ
Sin el consenso del PVEM y del PT, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo finalmente envió el pasado miércoles 4 de marzo la iniciativa de Reforma Electoral a la Cámara de Diputados federal, luego de aplazarla hasta en tres ocasiones, en un intento por convencer a los aliados partidistas de Morena de la “bondad” de las nuevas reglas electorales.
La iniciativa por el que se reforman, adicionan y derogan once artículos de la Constitución Política de México, reconoce que “las reformas electorales de 1977, 1990, 1996, 2007 y 2014 respondieron a exigencias sociales y políticas concreta: mayor democracia, ampliar la representación, autonomía de la autoridad electoral, equidad en la contienda y control del financiamiento a los partidos políticos”.
La propuesta de mejorar “el marco constitucional para fortalecer la confianza ciudadana, la legitimidad institucional electoral y la funcionalidad del sistema democrático”, establece un “decálogo por la democracia” que consiste en la elección de la representación proporcional del Congreso, reducir el gasto electoral, una mayor fiscalización, atender el voto en el extranjero, reducir los tiempos de radio y televisión en tiempos electorales, el uso de la inteligencia artificial en el proceso electoral, los cómputos distritales, que haya una democracia participativa, se elimine el nepotismo y no haya reelección
La Reforma Electoral reintegró la certeza jurídica -que en el “borrador” quedaba en entredicho y que era motivo también de desconfianza de los partidos políticos- al mantener la autonomía del INE, la funcionalidad de los Organismos Públicos Locales Electorales y de los tribunales electorales. Además, ya no propone la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
a la cámara baja como propuesta de Reforma Electoral.
El PVEM y el PT se oponen a la reducción del financiamiento a los partidos y al nuevo sistema de elección de los diputados federales plurinominales. Ambos partidos aseguran estar en contra de la “instauración de un partido de Estado”.
Con este escenario político, y ante la falta de operadores políticos con experiencia que ayuden a la presidenta Sheinbaum a transitar de manera aterciopelada la Reforma Electoral en el Congreso de la Unión, pareciera que la iniciativa podría dormir el “sueño de los justos”. No se avizora cómo los líderes parlamentarios Ricardo Monreal Ávila e Ignacio Mier Velazco convencerán a sus pares del PRI, PAN y MC, así como a los propios aliados del PT y del PVEM, para respaldar la iniciativa presidencial que pretende modificar once artículos de la Constitución, lo que exige mayoría calificada, conforme lo establece el artículo 135 de la Carta Magna.
Por otra parte, el oficialismo tampoco tiene mucho tiempo para cabildear la reforma en la Cámara de Diputados, ya que el segundo periodo de sesiones del Congreso de la Unión concluye el 30 de abril, y los trabajos legislativos se reanudarán hasta el primero de septiembre.
El artículo 105, inciso i, de la Constitución establece que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse al menos noventa días antes del inicio del proceso electoral, el cual, en el caso de 2027, comenzará el 2 de septiembre próximo.
Quizá, con la celebración de un periodo extraordinario —de mayo a agosto—, la presidenta Sheinbaum podría institucionalizar la Cuarta Transformación.
